A los cuarenta años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, es claro que ese fue un acto criminal de gravedad inmensa, que no solamente desafiaba al gobierno de la época -el M-19 anunciaba que pretendía someter a juicio al presidente Belisario Betancur-, sino que buscaba romper por su base la soberanía, la democracia, la institucionalidad y la juridicidad. Fue un holocausto, en cuyo desarrollo fueron asesinadas, aparte de los magistrados, muchas personas inocentes que trabajaban en el edificio o que lo visitaban. Además de los desaparecidos, varios de los cuales aún no han sido encontrados por sus familias.

Una serie infinita de actos infames y premeditados respecto a los cuales, a estas alturas, no se conoce toda la verdad, ni se ha hecho plena justicia. La impunidad, en muchos caso

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