Por: Claudia
Guardia
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La Provincia dictó un Decreto fechado el 3 de noviembre de 2025 por el que aprueba el “Protocolo para la adopción y uso de tecnologías de inteligencia artificial generativa en el ámbito de la Administración Pública”. El instrumento se presenta como un paso hacia la modernización del Estado, con postulados de transparencia, explicabilidad y auditabilidad. Sin embargo, una lectura detenida del Anexo, Protocolo, revela una tensión normativa: el propio texto condiciona la explicabilidad a modalidades funcionales o contextuales y, a la vez, excluye de manera expresa la divulgación del código fuente, la arquitectura del modelo y los datos de entrenamiento del proveedor.
Esta arquitectura regulatoria produce un efecto práctico: desplaza la audita

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