La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo ha formalizado una investigación preparatoria contra el ex presidente peruano Ollanta Humala. Esta pesquisa se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en la base militar de Madre Mía durante la década de 1990, cuando Humala estaba al mando. La disposición, emitida el 24 de septiembre, también incluye al exsuboficial del Ejército Amílcar Gómez y a otros tres militares. Se les investiga por homicidio calificado, específicamente por los asesinatos de Edgardo Isla Pérez y Némer Acuña Silva, así como por desaparición forzada de al menos cuatro personas: Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagastegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga. La Fiscalía ha determinado que estos delitos se enmarcan en el contexto de crímenes de lesa humanidad. El juez Jorge Chávez Tamariz ha fijado un plazo de ocho meses para la investigación, que concluirá el 24 de mayo de 2026. Además, se ha ordenado registrar a los investigados en el Registro Nacional de Procesados por el delito de desaparición forzada. A pesar de que en 2009 la Corte Suprema archivó el caso por falta de mérito para un juicio oral, esta nueva investigación reabre un capítulo que ha sido objeto de denuncias durante casi dos décadas. Las acusaciones han sido presentadas por familiares de las víctimas, exsoldados y organizaciones de derechos humanos. El conflicto armado en la región de Alto Huallaga, que se extendió desde 1980 hasta 2000, dejó alrededor de 3.725 denuncias de muertes y desapariciones, muchas atribuidas a las fuerzas del ejército. Testimonios de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indican que la base de Madre Mía fue utilizada para detenciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Ollanta Humala, quien se desempeñó como jefe de la base bajo el seudónimo "capitán Carlos", ha sido vinculado a múltiples violaciones de derechos humanos. Existen al menos once denuncias directas en su contra por desapariciones y torturas durante su mando. Actualmente, Humala cumple una condena de 15 años de prisión en el penal de Barbadillo por lavado de activos, relacionado con aportes ilegales en sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.