Leire Díez , conocida en los círculos políticos y judiciales como «la fontanera del PSOE» , presumió en una reunión mantenida con el guardia civil Rubén Villalba de poseer «material sensible» contra varios mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según ha podido confirmar El Debate , Díez afirmó que la información procedía de un prostíbulo madrileño y que, de hacerse pública, «haría caer» a los investigadores que manejan causas que afectan directamente al Gobierno .

El encuentro tuvo lugar en octubre de 2023 en un bar de Leganés (Madrid) . Durante la conversación, Díez detalló a Villalba —un mando policial vinculado a la trama de corrupción que salpica al exministro José Luis Ábalos y que actualmente está siendo investigado por el Tribunal Supremo — la existencia de información comprometedora sobre altos cargos de la UCO.

El Debate ha tenido acceso al documento redactado por el propio Villalba tras la cita, en el que se recoge que el origen del material se sitúa en un club de alterne , y que su contenido podría emplearse para neutralizar investigaciones sensibles relacionadas con el Ejecutivo de Pedro Sánchez .

Advertencias veladas y estrategia de presión

Aunque Díez no formuló un chantaje explícito , sí deslizó una advertencia directa. Según el informe, «colocó la información sobre la mesa como un mecanismo de presión, con capacidad de daño y uso potencial» contra agentes concretos de la Guardia Civil.

En el mismo encuentro, identificó a varios mandos de la UCO como objetivos prioritarios «a quitarse de en medio» , con la intención de doblegar o desacreditar las líneas de investigación que afectan al entorno político y familiar del presidente del Gobierno.

El prostíbulo al que aludió Díez es el club D’Angelo , situado en el Paseo de la Castellana , a escasos metros del local Castellana 180 , uno de los establecimientos de Sabiniano Gómez Serrano , suegro de Pedro Sánchez.

Según las anotaciones de Villalba, Díez era plenamente consciente del potencial destructivo de ese material y de su valor como instrumento para provocar la caída de mandos clave de la UCO , debilitando así las investigaciones más comprometedoras para el Ejecutivo.

Uso del material como arma política

El escrito atribuye a Díez la intención de activar la difusión del material en un momento político oportuno , con el fin de desacreditar, forzar relevos y erosionar la credibilidad de los investigadores.

El objetivo último, según los testimonios recabados, era debilitar la independencia institucional de la Guardia Civil y desactivar los procedimientos judiciales más delicados para el Gobierno .

Escuchas ilegales y precedentes judiciales

Díez también aseguró, según fuentes próximas a la investigación, haber escuchado una conversación telefónica entre el empresario Víctor de Aldama y su abogado, José Antonio Choclán .

Si se confirmara la existencia de grabaciones de comunicaciones entre abogado y cliente , el impacto jurídico sería «sísmico», al vulnerar derechos fundamentales de defensa y contaminar procesos en curso .

El precedente más recordado es el del exjuez Baltasar Garzón , inhabilitado en 2012 por ordenar escuchas ilegales a investigados y letrados. El Tribunal Supremo determinó entonces que esas grabaciones violaban el derecho de defensa y anuló todas las pruebas derivadas de ellas .

Próxima declaración judicial

Leire Díez deberá comparecer el 17 de noviembre ante la Fiscalía junto al empresario Javier Pérez-Dolset , ambos investigados por prevaricación y tráfico de influencias . La causa, dirigida por el fiscal Ignacio Stampa , examina su presunta participación en operaciones destinadas a manipular o frenar investigaciones judiciales que afectan a altos cargos del Gobierno.

A partir de esa fecha, se prevé que los implicados aporten nuevas pruebas y testimonios sobre la existencia de una red política y empresarial que habría actuado para condicionar el trabajo de los cuerpos de seguridad y de la justicia .