En julio de 2024 , la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) , personada como acusación en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , por un presunto delito de revelación de secretos , expresó públicamente su malestar ante la falta de actuación interna por parte del Ministerio Fiscal.

En un comunicado oficial, la organización lamentó que la Inspección del Ministerio Público , «que debe velar por el funcionamiento correcto y legal de toda la Institución y de los miembros que la componemos, y que tan presta se muestra para investigar hechos de indudable menor relevancia que los aquí referidos», no hubiese realizado «actuación alguna» respecto a lo sucedido en torno al correo electrónico confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso .

Según señaló la asociación, esa falta de respuesta interna demostraba, a su juicio, una grave omisión de funciones en un asunto de especial trascendencia para la imagen y el prestigio del Ministerio Fiscal. En el mismo comunicado, la APIF reclamó la dimisión inmediata del fiscal general, entendiendo que su permanencia al frente de la institución era «incompatible con la transparencia, la neutralidad y la independencia que exige el cargo».

Meses después, este martes, la jefa de la Inspección Fiscal , María Antonia Sanz Gaite , ha comparecido ante el Alto Tribunal , citada como testigo en el proceso, y ha explicado los motivos por los que no se abrió ningún expediente interno destinado a esclarecer los hechos, localizar el posible origen de la filtración o depurar responsabilidades.

Preguntada al respecto, Sanz Gaite ha asegurado que la razón por la que no se inició ninguna investigación fue porque «no dio tiempo». La funcionaria ha señalado que la evolución del procedimiento judicial y las circunstancias que lo rodearon impidieron activar los mecanismos internos habituales de la Inspección.

Sus palabras han despertado sorpresa entre algunos de los presentes en la sala, dado que se trataba de un asunto que, según la propia APIF , había causado «una profunda alarma en el seno de la carrera fiscal» y ponía en cuestión la confidencialidad de las comunicaciones entre las defensas y el Ministerio Público.

La causa en el Supremo se centra en la filtración del contenido de un correo electrónico confidencial remitido por la defensa del empresario Alberto González Amador , pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , a la Fiscalía de Madrid , en el marco de las negociaciones para un posible acuerdo de conformidad.

La difusión pública de ese mensaje —que incluía datos reservados sobre las conversaciones entre la defensa y la Fiscalía— motivó la denuncia de varios colectivos jurídicos y provocó un fuerte debate sobre la protección del derecho de defensa y la gestión interna de la información dentro del Ministerio Fiscal.

En este contexto, la declaración de Sanz Gaite como testigo cobra relevancia, ya que era la máxima responsable del órgano encargado de supervisar y controlar el funcionamiento de los fiscales y de garantizar la correcta aplicación de los protocolos internos. Su afirmación de que no se actuó «por falta de tiempo» ha sido interpretada por algunos sectores jurídicos como un reconocimiento de la ausencia de diligencia en un caso que había trascendido las fronteras institucionales.

El procedimiento continúa su curso en el Tribunal Supremo , que deberá determinar si la difusión de aquel correo supuso una vulneración del deber de reserva y, en consecuencia, si hubo responsabilidades penales o disciplinarias. Mientras tanto, la APIF mantiene su personación en la causa y ha reiterado en varias ocasiones su compromiso con la defensa de la independencia del Ministerio Fiscal y de las garantías procesales.