CHICAGO (AP) — Cientos de personas que han sido arrestadas y detenidas en el área de Chicago durante los operativos migratorios ordenados por el gobierno del presidente Donald Trump podrían ser liberadas bajo fianza mientras esperan audiencias de inmigración, señaló un juez federal el miércoles.

El juez federal Jeffrey Cummings anunció durante una audiencia celebrada en Chicago que ordenaría la liberación total de 13 individuos detenidos basándose en un decreto de consentimiento de 2022 que establece los lineamientos para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) pueda realizar arrestos sin una orden judicial.

También le dio a los abogados del gobierno hasta el viernes para revisar una lista de 615 personas que se encuentran detenidas en cárceles del condado e instalaciones federales de todo el país para ver si son elegibles a alternativas a la detención --como portar tobilleras de rastreo-- de acuerdo con lo establecido en el decreto, mientras sus casos avanzan en los tribunales de inmigración.

Cummings señaló que emitiría una orden para su liberación la próxima semana y, mientras tanto, suspendería cualquier procedimiento de deportación para las personas que puedan ser elegibles a liberación bajo fianza en virtud del decreto.

Los abogados de los detenidos celebraron la medida de Cummings y dijeron que planean presentar más casos.

"Todas las tácticas del ICE han sido ilegales en la gran mayoría de los arrestos", dijo Mark Fleming, abogado del National Immigrant Justice Center, con sede en Chicago.

Los abogados resaltaron que tienen el tiempo encima, ya que muchas de las más de 3.300 personas sospechosas de violaciones de inmigración que han sido arrestadas en Chicago y sus suburbios desde que comenzó la "Operación Midway Blitz" en septiembre pasado ya fueron deportadas o se han ido del país por su propia cuenta.

"Nos preocupa que no tengan acceso a un abogado ni entiendan cuál es su situación", le dijo Fleming al juez.

Will Weiland, un abogado para el Departamento de Justicia, le dijo a Cummings que entre las 615 personas en la lista había al menos 12 de "alto riesgo" que no deberían ser liberadas.

"Nada ha sido fácil con este caso, su señoría", dijo Weiland.

Cummings determinó previamente que el ICE había violado el decreto de consentimiento que, entre otras cosas, requiere que la agencia presente documentación para cada arresto que realiza de personas que no son objetivo específico de una operación.

Durante la audiencia del miércoles, Cummings enumeró casos desde el inicio del operativo en los que agentes de inmigración han arrestado a personas mientras estaban trabajando, caminando o en el carril de autoservicio de un restaurante de comida rápida.

"También me parece muy poco probable que alguno de estos extranjeros... caiga en la categoría de lo que el ICE ha calificado como 'lo peor de lo peor'", puntualizó.

El gobierno de Trump ha dicho que su intervención federal para combatir al crimen ha sido efectiva, y ha aplaudido las agresivas tácticas de los agentes, las cuales han sido impugnadas en los tribunales. Sin embargo, funcionarios de Illinois aseguran que los niveles de crímenes violentos ya iban a la baja en el área de Chicago y que los agentes federales sólo intensificaron las tensiones.

Aunque el decreto de consentimiento abarca los arrestos por parte de ICE, no incluye a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP pors sus iniciales en inglés), la cual ha estado detrás de algunas de las más controvertidas tácticas que se hayan implementado durante las redadas migratorias, incluido el uso de gases lacrimógenos y otros agentes químicos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), encargado de supervisar a las dos agencias, no ha ofrecido detalles sobre sus arrestos, limitándose a destacar los de un puñado de personas que viven en el país sin permiso legal y cuentan con antecedentes penales.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, calificó a Cummings como un "juez activista", una etiqueta común entre los funcionarios del gobierno federal para calificar a los jueces que han anulado partes de la agenda del republicano.

McLaughlin afirmó el miércoles en un comunicado que una orden para liberar a los detenidos ponía "directamente en riesgo las vidas de los estadounidenses".

El decreto de consentimiento, que expiró a principios de este año, fue extendido hasta febrero. Aunque su política sobre los arrestos sin orden judicial por parte del ICE se aplica a nivel nacional, los recursos jurídicos para casos individuales se han enfocado en seis estados cubiertos por la oficina de campo de ICE en Chicago, donde se presentó la demanda original. Esos estados son Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Kentucky y Wisconsin.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.