El expresidente Pedro Castillo ha presentado una denuncia penal contra los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia el 7 de diciembre de 2022. Esta acción legal también incluye a la exmandataria Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras su destitución. Castillo alega que los congresistas cometieron delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal de cargo.

En el documento presentado ante el Ministerio Público, Castillo sostiene que la decisión del Congreso fue ilegal, ya que no se alcanzó el número mínimo de 104 votos requeridos para su destitución, según el artículo 89-A del reglamento del Congreso. "De los ciento diez (110) congresistas presentes, solo votaron por mi vacancia inmediata ciento uno (101)". Además, argumenta que no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa durante el proceso.

La denuncia también menciona que la sucesión de Boluarte no cumplió con los principios constitucionales. Sin embargo, la Constitución establece que la vicepresidenta asume el cargo en caso de vacancia. Castillo afirma que su destitución fue irregular y que se ejecutó sin el debido proceso.

El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció la disolución del Congreso y un toque de queda nacional, lo que fue considerado un intento de golpe de Estado. Horas después, el Congreso aprobó su vacancia con 101 votos a favor. En su denuncia, Castillo excluye a un congresista fallecido, pero incluye a otros dos que también han muerto desde entonces.

Desde su encarcelamiento, Castillo ha promovido varios recursos legales para buscar su liberación y el archivo de su proceso penal por rebelión. Sin embargo, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional han desestimado sus alegaciones. Actualmente, el fiscal supremo adjunto ha solicitado una condena de 34 años de prisión para Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. La situación legal de Castillo y sus acusaciones contra los congresistas continúan desarrollándose en el ámbito judicial.