Cuarenta años después de la tragedia de Armero, el país sigue mirando con dolor y frustración una de las páginas más oscuras de su historia. La avalancha del 13 de noviembre de 1985, que arrasó con el municipio tolimense y dejó más de 25.000 muertos, no solo evidenció la falta de preparación institucional ante los desastres naturales, sino también la indiferencia del Estado frente a las víctimas. Cuatro décadas después, la deuda sigue abierta.

La reciente crisis de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es un recordatorio doloroso de cómo los fondos destinados a prevenir y atender emergencias han sido utilizados con fines políticos. La entidad, creada precisamente para evitar que tragedias como la de Armero se repitan, terminó convertida en un sím

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