César Julio Valencia Copete ha sido nombrado como el nuevo ministro de Justicia en el gobierno de Gustavo Petro, reemplazando a Eduardo Montealegre, quien dejó el cargo en octubre de 2025. Valencia Copete, abogado con especialización en derecho comercial de la Universidad Externado de Colombia, asume este reto a los 74 años, con una amplia trayectoria en la Rama Judicial de Colombia. Valencia Copete ha tenido una carrera de 36 años en el ámbito judicial, desempeñándose como juez municipal, juez civil del circuito de Bogotá, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y procurador delegado para la contratación estatal. En 2002, fue elegido magistrado de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, y posteriormente ocupó la presidencia de esta corte entre 2007 y 2008. Durante su tiempo en la Corte Suprema, Valencia se destacó por su defensa de la independencia judicial, enfrentando presiones del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien lo denunció penalmente por supuesta revelación de información confidencial, aunque el caso fue archivado. Su gestión también estuvo marcada por la crisis de la parapolítica y las acusaciones de seguimientos ilegales a la Corte. El presidente Petro lo condecoró en enero de 2025 con la Cruz de Boyacá en el grado de caballero, reconociendo su compromiso con la justicia y la independencia judicial. Con su nombramiento, Valencia Copete se convierte en el cuarto ministro de Justicia del gobierno de Petro, tras Néstor Osuna, Ángela María Buitrago y Eduardo Montealegre. Entre los principales desafíos que enfrentará están la implementación de la política de ‘Paz Total’, la crisis carcelaria y la modernización del sistema penitenciario. Además, deberá fortalecer el acceso a la justicia en regiones apartadas y liderar la interlocución con el Congreso para tramitar proyectos de ley que buscan descongestionar los despachos judiciales y reformar el sistema penal. La designación de Valencia Copete responde a la intención del presidente Petro de aportar un enfoque técnico e independiente a la cartera de Justicia, en un contexto de tensiones institucionales y debates sobre reformas judiciales. Su experiencia y trayectoria académica son vistas como un activo importante para avanzar en las reformas estructurales que el gobierno pretende impulsar en el sector justicia.