Este viernes 14 de noviembre, la Generación Z llevará a cabo una manifestación en Lima para visibilizar el aumento de la criminalidad y expresar su descontento con el gobierno de José Jerí. La convocatoria, que se ha masificado a través de redes sociales y foros universitarios, busca articular una protesta nacional con dos consignas principales: enfrentar la criminalidad y cuestionar las acciones del gobierno. La movilización también tiene un carácter conmemorativo, recordando a Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes perdieron la vida durante las protestas de noviembre de 2020. La respuesta del Congreso no se hizo esperar, ya que parlamentarios de Somos Perú han propuesto proyectos para penalizar el uso de máscaras en protestas y sancionar el uso de artículos pirotécnicos. El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, ha respaldado las acciones policiales, anticipando un amplio y coordinado despliegue en la capital. En las horas previas a la marcha, se observó un inusual despliegue de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los alrededores de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La PNP estableció varios anillos de seguridad en ambas instituciones educativas. Según reportes del Frente de Egresados de la UNMSM, un estudiante de la Facultad de Derecho fue detenido en la Decana de América. Videos difundidos en redes sociales muestran a varios policías persiguiendo al alumno, quien intentaba alejarse del campus, mientras sus compañeros exigían explicaciones sobre la intervención. El Frente de Egresados y Egresadas de San Marcos emitió un comunicado condenando la detención, calificando la presencia policial como una respuesta que limita el derecho a la protesta. "Denunciamos que esta violencia policial no es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática de intimidación, impulsada por un gobierno ilegítimo y sostenida por el Congreso", se lee en el comunicado. El texto también responsabiliza al Ministro del Interior, al presidente José Jerí, a la PNP y al Congreso por la brutalidad policial y la criminalización de la protesta. La intervención policial fue documentada mientras se organizaba la jornada de protesta, generando preocupación en la comunidad universitaria. Fuentes estudiantiles informaron que, en el momento de la detención, se tomó una fotografía del DNI del estudiante. Hasta el momento de esta publicación, la PNP mantenía el cerco en los alrededores de ambas universidades, replegando parte del contingente a medida que avanzaba la tarde, pero continuando con la vigilancia de los manifestantes.