La Guardia Civil ha llevado a cabo una intervención sorprendente en Burgohondo, un municipio de Ávila, donde se han confiscado 472 animales exóticos protegidos, valorados en 85.000 euros. Esta acción se enmarca dentro de la operación "Suartx", que investiga a cuatro individuos por su presunta implicación en una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de estos animales.

Los animales intervenidos incluyen especies como tortugas leopardo, tortugas de espolones, tortugas mediterráneas, iguanas, gecos de diversas variedades, tarántulas y varanos del Nilo. Todos ellos carecían de la documentación y trazabilidad legal necesaria. La mayoría de estos ejemplares provenían de cesiones irregulares de varias provincias, incluyendo Madrid, Badajoz, Ciudad Real, Valencia, Toledo, Huesca, Zaragoza y Sevilla.

La investigación comenzó en junio de 2023, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectó irregularidades a través de las redes sociales. Los agentes descubrieron que los implicados formaban parte de una supuesta organización no gubernamental (ONG) que recaudaba fondos para el cuidado de los animales mediante donaciones a cambio de publicidad en redes sociales, sin contar con las licencias y autorizaciones requeridas.

Además, se reveló que esta falsa ONG ofrecía cursos y voluntariados a personas que trabajaban sin estar registradas en la Seguridad Social. También existía un programa de apadrinamiento económico, dirigido por una bióloga y otra persona, quienes impartían charlas en centros educativos de Ávila y Madrid.

Aunque los animales estaban en buen estado, se constató que muchos de ellos provenían de aprehensiones y donaciones anteriores, y alrededor de 200 de los casi 500 animales ya habían muerto. Como resultado de estas irregularidades, los cuatro investigados enfrentan cargos por delitos contra la fauna, estafa, falsedad documental, contrabando y organización criminal.

La operación ha contado con la colaboración de personal de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y Tragsatec, así como de agentes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Ávila y a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila.