La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha rechazado la solicitud del partido Perú Primero para inscribir al expresidente Martín Vizcarra como precandidato a la segunda vicepresidencia. Esta decisión se produce a pesar de los intentos del partido por incluir a Vizcarra en su plancha presidencial, quien actualmente enfrenta tres inhabilitaciones.

La ONPE argumentó que la exclusión de Vizcarra se debe a las sanciones impuestas por el Congreso, que llevaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a eliminar al exmandatario del padrón de afiliados. Por lo tanto, el partido no pudo registrar su precandidatura en el sistema de la ONPE. En respuesta a esta negativa, Perú Primero considera que la exclusión debería haber sido determinada por un Jurado Electoral Especial o el propio JNE, y no por la ONPE.

En una segunda instancia, la ONPE reafirmó su decisión al rechazar la apelación del partido. En su resolución, la ONPE explicó que actuó conforme a la ley, ya que la inscripción de Martín Vizcarra no fue permitida debido a su ausencia en el padrón de electores afiliados aprobado por el JNE. “Hay que dejar en claro que, en efecto, según el reglamento de la ONPE, esta entidad no es competente para dirimir cuestiones internas previas a la información que la organización política efectuará respecto a las candidaturas”, se detalla en el documento oficial.

Además, la ONPE subrayó que el hecho de que la respuesta no haya sido la esperada por el partido de Vizcarra “no implica que no haya una debida motivación”.

En medio de esta controversia electoral, Martín Vizcarra se enfrenta a serias acusaciones por parte del Ministerio Público. Se le acusa de haber recibido más de dos millones de soles (590.000 dólares) de las empresas Obrainsa e ICCGSA a cambio de la adjudicación de obras entre 2014 y 2016. La Fiscalía ha solicitado una pena de seis años de prisión por el caso ‘Lomas de Ilo’ y nueve años por el ‘Hospital de Moquegua’, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante nueve años y el pago de una multa de 151.580 soles (44.979 dólares o 38.767 euros).

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Vizcarra ha negado cualquier intención de solicitar asilo tras el pedido de 15 años de prisión ratificado por la Fiscalía en el juicio oral. “No hay posibilidad de asilo en absoluto”, afirmó, instando a verificar la información con cualquier embajada o miembro diplomático.

El procurador del caso Lava Jato, Carlos Fernández, ha pedido “una sentencia ejemplar, dura, contra el acusado Martín Vizcarra”, destacando la solidez de las pruebas presentadas. La audiencia para escuchar la defensa final está programada para el próximo jueves a las 8:30, donde el abogado de Vizcarra tendrá dos horas para intervenir, seguido del propio exmandatario, quien dispondrá de un máximo de 15 minutos para su defensa.