La reciente decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027 ha suscitado inquietud en el sector empresarial. Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), expresó en una entrevista con Canal N que esta medida “no es una buena noticia”. Según él, el Reinfo mantiene un esquema que no ha demostrado resultados concretos en la formalización de la minería y, en cambio, podría aumentar las actividades ilegales. Zapata destacó que las sucesivas ampliaciones del Reinfo han seguido un patrón que se ha repetido durante años. Muchos mineros esperan hasta el último momento para cumplir con los requisitos y luego solicitan nuevas prórrogas. “Coincidimos plenamente con esa visión, porque es lo que ha estado pasando durante los últimos años”, afirmó. Esta dinámica, advirtió, podría continuar en 2026 y 2027 si no se implementan controles más estrictos. El presidente de CONFIEP recordó que el Reinfo fue creado como una solución temporal para regular la actividad minera informal, pero la falta de resultados ha evidenciado sus limitaciones. “No creemos que esto sea una buena noticia… venimos extendiendo y extendiendo el Reinfo y los resultados son pocos”, subrayó. Zapata también hizo hincapié en la conexión entre la minería informal y la minería ilegal, lo que dificulta establecer una clara distinción entre ambas. “Es poco… es difícil diferenciarla demasiado”, explicó. Esta cercanía genera un entorno propicio para actividades que escapan al control del Estado. Los riesgos asociados no son solo económicos. Para Zapata, el mayor problema radica en el impacto social y la seguridad ciudadana. “La minería informal genera violencia, genera inseguridad”, sostuvo, recordando que estas operaciones se llevan a cabo en zonas donde las mafias ejercen control territorial. Además, las condiciones de trabajo de miles de mineros no formalizados son precarias, con constantes accidentes y falta de equipos de seguridad. Otro punto de preocupación es la presencia de mineros inscritos en el Reinfo en zonas protegidas del país, como Tambopata (Madre de Dios), Nasca y áreas restringidas de Lima y Arequipa. Según lo señalado en Canal N, estos casos podrían aumentar debido a la flexibilización de plazos y la falta de verificación rigurosa. Zapata advirtió que los requisitos del Reinfo son mínimos y, aun así, muchos no se cumplen. “Es un proceso demasiado informal y con cero requisitos”, puntualizó. Esta debilidad permite que un minero obtenga un registro para una zona, pero termine explotando otra sin control. Además, los insumos y explosivos adquiridos legalmente a través del Reinfo pueden desviarse hacia operaciones ilegales en la Amazonía. Zapata mencionó áreas como La Pampa, Puerto Inca y ríos amazónicos afectados por la minería aurífera aluvial, advirtiendo que “pueden usar los explosivos y los insumos químicos que se obtienen a través del Reinfo para llevarlos a otro lado”. A pesar de que el Ejecutivo confía en que los más de 30 mil inscritos aceleren su proceso hacia 2027, desde CONFIEP persisten las dudas. Zapata destacó que, aunque no se reincorporarán los 50 mil expedientes retirados, la cifra actual refleja un sistema que sigue sin avances significativos. El líder empresarial enfatizó que la informalidad minera continuará extendiéndose si no se aplican controles rigurosos y se establecen reglas más exigentes. “Esperemos que al 2027 se pueda poner a derecho”, dijo, aunque admitió que la experiencia de los últimos años no permite ser optimistas. La ampliación del Reinfo, por lo tanto, abre un nuevo periodo caracterizado por expectativas moderadas y un diagnóstico constante: la formalización avanza lentamente, mientras la minería ilegal y sus impactos sociales siguen expandiéndose en diversas regiones del país.