La Comunidad de Madrid ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto de Universidades del Gobierno central, al considerarlo arbitrario, ir contra la seguridad jurídica, haber sido elaborado sin ningún tipo de negociación o consenso y atacar las competencias en esta materia de las Comunidades Autónomas.

El Consejo de Gobierno tiene previsto recibir hoy miércoles un informe sobre las acciones legales emprendidas por la Abogacía General regional contra esta norma que, además, limita injustificadamente la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocidas en la Constitución Española.

El recurso sostiene que el artículo 27 de la Carta Magna reconoce a las Comunidades Autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar las l

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