Según, Sergio Ramírez Tafur, d ocente programa de Economía de la Universidad de América y oficial de cumplimiento, en el escritorio de un oficial de cumplimiento —la persona responsable de analizar y mitigar riesgos legales, financieros y reputacionales en las operaciones de una empresa— llega una cuenta de cobro por servicios prestados por una expresidenta de un país. Su deber inmediato es clasificar a esa contraparte como una Persona Políticamente Expuesta (PEP) , lo que activa de forma automática los protocolos de debida diligencia reforzada , dado el alto riesgo asociado a este tipo de figuras públicas.

Al iniciar la verificación en las listas internacionales de riesgo, encuentra su nombre en la Lista Clinton , oficialmente denominada Specially Designated Narcotics Traffickers

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