La actualización normativa que rige a las centrales de información crediticia en el país introdujo un mecanismo diseñado para corregir de manera expedita los reportes negativos derivados de conductas delictivas.
La decisión, avalada recientemente por la Corte Constitucional, obliga a Datacrédito y TransUnion a retirar los registros cuando se confirme que la persona reportada fue víctima de un proceso de suplantación.
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Con esta instrucción, se busca reducir los efectos que los fraudes digitales han tenido sobre los ciudadanos, especialmente en un contexto donde los delitos informáticos crecen a un ritmo acelerado y generan impactos directos en la vida financiera de quienes resultan afectados.
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