El Gobierno de Trump ha admitido que deportó "inadvertidamente" a Britania Uriostegui Ríos, una mujer transgénero mexicana, a México, a pesar de una orden judicial que prohibía su traslado por temor a que pudiera ser torturada o perseguida. La administración ha declarado que permitirá su regreso a Estados Unidos si logra llegar a la frontera. Sin embargo, al regresar, será nuevamente detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se intenta deportarla a otro país.

Este caso es el más reciente de varios incidentes de deportaciones indebidas de personas protegidas por órdenes judiciales, en el marco del programa de deportaciones masivas de la administración Trump. Uriostegui Ríos es al menos la quinta persona en esta situación en lo que va del año. Su caso se suma al de Kilmar Abrego García, quien también enfrentó una complicada batalla legal por su deportación.

Los abogados de Uriostegui Ríos han presentado una demanda contra la administración, exigiendo que no se le obligue a regresar a la custodia federal al volver a EE.UU. “si logra llegar a un puerto de entrada sin morir”, afirmaron. México es considerado uno de los países más peligrosos para las personas transgénero, con un alto índice de violencia documentada por organizaciones de derechos humanos.

Desde su llegada a Estados Unidos en 2003, Uriostegui Ríos ha acumulado un historial delictivo que incluye condenas por alteración del orden público y conducción bajo los efectos del alcohol. Un juez de inmigración ordenó su deportación en marzo tras una condena por agresión con arma mortal, pero también impidió su traslado a México debido al riesgo de tortura.

A pesar de esta orden, el 11 de noviembre, Uriostegui Ríos fue trasladada desde un centro de detención en Louisiana a Texas y luego enviada a México sin dinero, medicamentos ni un teléfono celular. Logró comunicarse con sus abogados, quienes no fueron notificados de su deportación. “ICE confirmó que su cliente fue deportado a México por error”, indicó la abogada del Departamento de Justicia, Shannon Smitherman.

Uriostegui Ríos había estado detenida mientras el Gobierno intentaba deportarla a otros países como Costa Rica y Honduras, sin éxito. Su abogada, Bridget Pranzatelli, destacó que ha sufrido un trauma extremo, incluyendo trata sexual por parte de cárteles desde la infancia, lo que ha afectado gravemente su salud mental.

Desde su llegada a México, ha estado ocultando su identidad por temor a represalias. Su equipo legal solicita que, si logra regresar a EE.UU., sea liberada de la custodia del ICE y se le permita regresar a casa bajo supervisión, argumentando que no se puede confiar en que el Gobierno cumpla con la ley ni con las órdenes judiciales.