La reciente aprobación de la ley de ordenación de la vivienda turística en Canarias ha desatado una tormenta política que va más allá del enfado de los propietarios. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno , se ha erigido como una de las voces más críticas contra la nueva normativa, cuyo punto de fricción principal es la consideración de las viviendas vacacionales como actividad clasificada . A su juicio, esta exigencia implicará que la gran mayoría de las viviendas que ya operaban no podrán consolidar su situación, ya que, según afirma, "ninguna cumple con esas exigencias".

El conflicto nace de una aparente incompatibilidad normativa. Bueno ha explicado que el decreto que reguló la vivienda vacacional en 2015 es posterior a la ley de actividades clasificadas de 2011 y su reglamento

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