La Unidad Central Operativade la Guardia Civil ha señalado al instructor del 'caso Koldo' en el Supremo tres obras concretas que se adjudicaron por más de 245 millones a la alianza empresarial formada por Acciona y Servinabar, la empresa vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en la presunta trama de amaño de obra pública a cambio de comisiones. Los investigadores precisan que esas tres obras se adjudicaron a la UTE por un total de 245.898.095 euros, de los que Servinabar —de la que Cerdán poseería, según cree la UCO, el 45%— se habría embolsado 4.865.370,88 euros, conforme a la cuota del 2% que había pactado con Acciona.

A estas tres obras se suman dos casos más particulares: Belate, una licitación del Gobierno Foral de Navarra que contó con una subvención de Transportes en 2024 (pero gestionada durante la etapa de Ábalos), y Mina Muga, la primera adjudicación a la UTE formada por Acciona y Servinabar, pero este es un proyecto promovido por una empresa.

Una autovía en Logroño

El informe apunta que Koldo García, exasesor del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, le remitió en diciembre de 2018 a Fernando Merino, exdelegado de Acciona en Navarra, una nota de prensa del Ministerio que informaba sobre la autorización para licitar unas obras de la Ronda Sur de Logroño en el tramo Arrúbal-Navarrete. “Tan solo cuatro días después, Acciona Construcción y Servinabar firmaron un Memorándum de Entendimiento para trabajar conjuntamente y desarrollar exitosamente la oportunidad de negocio relativa a la construcción de la A-68 Variante Logroño”, señala el texto.

El acuerdo fue firmado por Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, y Tomás Olarte, subordinado del que fuera directivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, ambos imputados a raíz de este último informe de la UCO. En la cláusula segunda del documento “se denominaba Acciona como contratista y a Servinabar como consultora”, manifiesta la UCO. En concreto, ambas partes acordaban que Servinabar desarrollaría “la revisión de evaluaciones de riesgos laborales y de los planes de emergencia” y aparece una propuesta de presupuesto “en materia de prevención de riesgos laborales” por un importe de 2.024.228,68 euros, “de acuerdo al precio de mercado” de La Rioja. Este presupuesto es el que se usará “como base” para “la firma del contrato en la fase de ejecución”.

A las 10 de la mañana del 10 abril de 2019, se abrió el plazo para presentar las propuestas económicas para la obra en la A-68. A las 11.15 de ese día, Koldo recibió un mensaje de Javier Herrero, exdirector de Carreteras en el que celebraba la noticia: “Bingo!!!! En logroño”. Tras esto, Koldo le comunicó a Cerdán por WhatsApp que “ya está La Rioja hecho”.

La UTE Variante de Logroño, conformada por Acciona Construcción y Aquaterra Servicios e infraestructuras, “resultó adjudicataria” de la obra el 11 de septiembre de 2019 por un valor de 92.416.975,61 euros. Como habían acordado, la UTE firmó un contrato de prestación de servicios con Servinabar, que ascendía a 2.028.257 euros, una cifra algo mayor que la acordada en el presupuesto base y que supone el 2,19% del valor total de la licitación. La UCO detalla que hubo un nuevo contrato del 8 de junio de 2021 entre la UTE y Servinabar, que dejaba sin efecto el firmado en 2019 y que acreditaba que la empresa relacionada con Cerdán “había cobrado el 30%” del total en concepto de anticipo.

De este modo, la Guardia Civil ha calculado que los beneficios que habría obtenido Servinabar entre 2020 y 2023 ascendieron a 850.961,68 euros, un 52,62% del total facturado. A modo de conclusión de este epígrafe, la UCO recuerda que esta obra “es una de las que, según Koldo y Cerdán, habría generado una contraprestación para Ábalos y su asesor”.

La restauración de un puente en Sevilla

En agosto de 2018, el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, aprobó una declaración de emergencia para reparar las tirantes del Puente Centenario de Sevilla y dos obras de los accesos al puerto de la capital andaluza por las autovías SE-30 y SE-40. Usando el mismo método, Alonso y José García Alconchel, también subordinado de Pelegrini e imputado este martes, firmaron un memorándum en el que acreditaban el “interés de trabajar conjuntamente y desarrollar exitosamente la oportunidad de negocio” de la reconstrucción, según el informe.

Sin embargo, a diferencia de la anterior licitación, Servinabar no ofreció un presupuesto base, sino que acordaron que, de conseguir Acciona Construcción la licitación, contratarían a la consultora relacionada con Cerdán “por valor del 2% de los cobros netos” que percibiera la constructora.

El exsecretario de organización ordenó a Koldo “cerrar Sevilla” el 2 de abril de 2019, según los mensajes de WhatsApp del informe. Dos días después, le volvió a preguntar por el tema al asesor, que responde que “falta hablar con subse”, a lo que Cerdán respondió: “Madre mía!”.

La Benemérita ha hallado 21 facturas remitidas por Acciona Construcción a Servinabar por un total de 171.916 euros, “que vincularían a la sociedad navarra con el proyecto” entre septiembre 2019 y mayo de 2020. Posteriormente, firmarían una ampliación del contrato para los años 2021 y 2022, por un importe de otros 38.791,50 euros. La licitación de la obra de las tirantes del Puente del Centenario terminaría materializándose el 17 de mayo de 2021 por un importe de 71.404.645,30 euros, que ascenderían en 2023 por una modificación de contrato hasta los 84.983.366,35 euros. Por su parte, se aprobó un importe de 6.471.332,43 euros para la obra del acceso por la SE-40. Los agentes no han encontrado información sobre el acceso por la SE-30.

Teniendo en cuenta el 2% que habían acordado Acciona Construcción y Servinabar en el memorándum, la Guardia Civil estima que la empresa asociada a Cerdán facturó 102.247,05 euros por la obra en la SE-40 y 1.699.667,33 por las tirantes del Puente del Centenario.

Ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat

Al igual que en los dos casos anteriores, Servinabar y Acciona firmaron un memorándum de entendimiento el 6 de mayo de 2019 para desarrollar las “obras de ejecución del proyecto de contrucción de la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona)”, detalla el informe. De la misma manera, Servinabar ofrecía sus servicios en “la evaluación de riesgos laborales”, “planificación de la actividad preventiva” o “la ejecución y la puesta en práctica” de la obra. Las dos empresas firmaron este documento dos semanas después de que se publicase la licitación.

Los agentes señalan que el 30 de mayo de 2019, la entonces directora de Adif, Isabel Pardo de Vera, contactó con Koldo para informarle de que Acciona Construcción “obtuvo la mayor puntuación” (39,24 sobre 40) para obtener la licitación de esta obra. El contrato ascendía a 51.760.263,99 euros y se adjudicó a Acciona Construcción en noviembre de 2019, aunque en agosto de 2022 se modificó, elevando la cuantía hasta los 62.026.420,15 euros.

De nuevo, esta empresa contrató a Servinabar para la realización de lo que denominaron “seguridad y salud de obra” por un total de 1.035.199,88 euros desglosados en 44 meses. De nuevo, el 2% del valor total de la adjudicación, remarca la UCO. Los agentes han encontrado un documento de Excel en el que se desglosan los beneficios de las facturas emitidas hasta diciembre de 2021. En total, Servinabar ganó 724.639,92 euros desde junio de 2020 hasta esa fecha.

Túneles de Belate

Más allá de esos tres proyectos, el informe menciona otro caso un poco diferente: el de la obra de los túneles de Belate. Este expediente fue una licitación del Gobierno Foral de Navarra y contó con una subvención de 40 millones de euros del Ministerio de Transportes otorgada en 2024 (es decir, cuando Ábalos ya no estaba en el Gobierno), si bien la gestión de la misma vendría fraguándose desde 2019.

Este proyecto es el desdoblamiento de los túneles de Belate. En 2019, se produjo un encuentro en el que participó el secretario de Estado de Infraestructuras (dependiente del Ministerio de Fomento), Pedro Saura, que “se comprometió a respaldar la decisión adoptada por el Gobierno navarro para duplicar los túneles de Belate”, dice la UCO. “Dicho compromiso fue adquirido tras celebrarse una reunión en Madrid entre delegados del Ministerio de Fomento —entre los que se encontraban Pedro Saura y Javier Herrero— y delegados de la Consejería de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra —el consejero Bernardo Ciriza y Santos Cerdán—”, afirma el documento.

El expediente fue adjudicado el 26 de diciembre de 2023 a la UTE por 62,8 millones de euros por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra, pero la gestión se remonta, al menos, a cuatro años antes. Y un año después, en octubre de 2024, el Consejo de Ministros aprobó la citada subvención de 40 millones de euros, distribuida entre los ejercicios 2024, 2025 y 2026. La UCO señala al juez que esta obra podría ser incorporada a la investigación por los intervinientes en la reunión de 2019 (Herrero y Santos, “partícipes también de otras operativas investigadas relacionadas con Acciona) y dado que las gestiones para dirimir el apoyo desde Transportes —que habría derivado en la subvención— se produjeron mientras Ábalos era ministro. UPN denunció supuestas irregularidades durante este proceso el año pasado.

La portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha respondido este miércoles que el informe de la UCO “no entra al fondo” de las irregularidades denunciadas por UPN en la adjudicación de las obras del túnel de Belate. “Tan cierto es que enumera las irregularidades denunciadas hace un año por UPN a la Guardia Civil de Navarra en relación a los túneles de Belate, como que la UCO no entra al fondo de estas imputaciones ni señala al Gobierno en ninguna ilegalidad, dejando al criterio del juez incorporar esa adjudicación a la causa”. Así, ha reiterado la disposición a la “total colaboración por el Gobierno, si así lo estimase” el juez.

Mina Muga

El informe habla de Mina Muga, en Navarra, para explicar que fue la primera adjudicación a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Servinabar, que en 2015 habrían firmado un “acuerdo de colaboración” para “explotar futuras oportunidades de negocio”. Mina Muga es un proyecto, actualmente paralizado por la Justicia, para la construcción de una mina de potasa, un fertilizante que sirve para aumentar el rendimiento y la calidad de una producción agrícola, en un territorio situado a caballo entre la comunidad foral y Aragón, en concreto en las localidades de Sangüesa (Navarra) y Undués de Lerda (Aragón).

El informe de la UCO lo sitúa como el origen de la presunta trama por los contactos entre Santos Cerdán, Koldo García y Fernando Merino, entonces responsable de Acciona en Navarra y La Rioja. El proyecto Mina Muga fue promovido en el año 2015 por la empresa Geoalcali, filial de la minera australiana Highfield Resources. Esta compañía adjudicó a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, Obras y Servicios SL la elaboración del proyecto por 56,9 millones de euros.

Los investigadores lo destacan por haber sido el primer proyecto en común entre las dos constructoras y haberse extendido al periodo investigado en el que Ábalos era ministro de Fomento, dado que la Declaración de Impacto Ambiental favorable no fue otorgada hasta mayo de 2019. “Del análisis de las comunicaciones -tanto mediante mensajería instantánea como a través de correo electrónico- se desprende que el papel de Servinabar en el proyecto minero, ejercido a través de Antxón y de Santos, habría consistido mayoritariamente en constituirse como nexo conector entre la directiva de Acciona y Geoalcali por un lado y la Administración Pública por otro”, dice el informe.