Por César Vargas Rojas, académico de Derecho UNAB.

El desalojo de la megatoma de San Antonio -resuelto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso- pone en evidencia un dilema estructural: por un lado, la obligación de cumplir una orden judicial y restaurar el derecho de propiedad; por otro, la fragilidad del derecho humano a una vivienda digna en un contexto social marcado por el déficit habitacional, altos precios y un componente migratorio creciente. La tensión entre esas dos dimensiones exige una reflexión ética, política y jurídica.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso, al acoger la petición de la inmobiliaria propietaria del terreno, ordenó el desalojo de aproximadamente 4.136 viviendas que albergan a cerca de 10 000 personas, y dispuso que dicho procedimiento debe realizarse “de fo

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