Los legisladores rusos aprobaron el jueves un nuevo proyecto de ley que aumenta los impuestos para aquellos etiquetados como agentes extranjeros por el gobierno.
El proyecto de ley, que pasó su tercera y última lectura en la cámara baja del parlamento, establece una tasa de impuesto sobre la renta del 30% para las personas con esta designación y les quita el derecho a exenciones fiscales del gobierno.
El impuesto sobre la renta para la mayoría de los residentes varía entre el 13% y el 22%, dependiendo de sus ingresos. La tasa del 30% anteriormente solo se aplicaba a los no residentes que trabajaban para empresas extranjeras.
El proyecto de ley también prohíbe a las organizaciones etiquetadas como agentes extranjeros solicitar tasas reducidas de impuesto sobre la renta corporativa.
"Aquellos que traicionaron a nuestro país no deberían recibir exenciones fiscales", expresó el legislador Vyacheslav Volodin en redes sociales anunciando la aprobación del proyecto de ley.
"Pagarán impuestos más altos al presupuesto estatal", agregó.
La legislación debe ser aprobada por la cámara alta y luego firmada por el presidente Vladímir Putin antes de convertirse en ley.
Los cambios son solo una parte de las modificaciones más amplias al sistema fiscal de Rusia que busca impulsar su economía durante su guerra de casi cuatro años en Ucrania.
Los legisladores rusos también aprobaron un proyecto de ley que aumentará el impuesto al valor agregado del 20% al 22%, una medida que se espera agregue hasta 1 billón de rublos (aproximadamente 12.300 millones de dólares) al presupuesto estatal.
Según la ley rusa, cualquiera que el gobierno considere bajo "influencia extranjera" puede ser considerado un agente extranjero.
La legislación obliga a las organizaciones a identificarse como agentes extranjeros y los medios de comunicación designados como tales deben incluir una declaración extensa al respecto en sus historias.
A los agentes extranjeros también se les prohíbe organizar eventos públicos, enseñar en escuelas estatales y recibir apoyo financiero estatal, entre otras restricciones.
La ley ha sido utilizada contra partidarios de la oposición, medios independientes y activistas de derechos humanos, con críticos describiéndola como una forma de intentar desacreditar a las organizaciones que no siguen la línea del Kremlin.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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