La condena del fiscal general por el Supremo colma las aspiraciones de Miguel Ángel Rodríguez, que inició una cadena de informaciones falsas con las que fundamentar la teoría de Ayuso de que había una conspiración política contra ella y su pareja

El Supremo condena al fiscal general a dos años de inhabilitación por la filtración del correo de la pareja de Ayuso

Las coincidencias son la forma en que la realidad nos gasta bromas. Y las hay muy ocurrentes. Veinticuatro horas después de que se supiera que Alberto González Amador había comprado el ático que ya estaba usando junto a su domicilio en Madrid, y donde reside su pareja, Isabel Díaz Ayuso, el Tribunal Supremo concedió a ambos el mejor regalo al que podían aspirar: la condena del fiscal general del Estado. La pena por inhabilitación, que obligará a dimitir a Álvaro García Ortiz, incluye un bonus especial para Amador: una indemnización de 10.000 euros.

El tribunal ha tardado sólo una semana en hacer pública la condena a dos meses de inhabilitación. Se había dicho que la sentencia se conocería antes de que acabara el año, pero nadie esperaba tanta celeridad. El juicio duró seis jornadas y acabó el 13 de noviembre. El texto de la sentencia tardará días o semanas en hacerse público. Probablemente sólo días, porque a la Sala de lo Penal del Supremo le convendrá acelerar para reducir el tiempo de las especulaciones sobre sus motivos. Muchas de ellas van a versar sobre las intenciones políticas de los jueces.

La operación política montada por Miguel Ángel Rodríguez ha culminado con un éxito incluso mayor del que pensaban sus promotores. El jefe de gabinete de Ayuso puso en circulación entre un grupo de periodistas en la tarde del 13 de marzo de 2024 el bulo de que la Fiscalía había ofrecido a Amador un pacto de conformidad que luego tuvo que retirar “por órdenes de arriba”. Unas pocas horas después, El Mundo dio la noticia que servía de sustento a la teoría de la conspiración en su primera parte, la oferta de un acuerdo desde la Fiscalía (cuando fue la defensa quien hizo la propuesta), pero no en la segunda. No era necesario. Otros medios se ocuparon de informar sobre las supuestas órdenes del Gobierno.

Amador había autorizado a Rodríguez a emplear en su favor el contenido de su caso. “Haz lo que veas”, le dijo.

Todo había comenzado en la mañana de ese día cuando Díaz Ayuso utilizó las preguntas de una rueda de prensa celebrada en Leganés para defender a González Amador y denunciar que se había empleado “todo el poder del Estado” con el fin de atacarle simplemente por ser su novio. “Es Hacienda quien le debe (a Amador) los 600.000 euros” (era falso). “No hay ninguna trama ni sociedades pantallas ni nada” (el informe de la Agencia Tributaria de 187 páginas decía lo contrario).

El día antes, elDiario.es había publicado la primera noticia del caso con el titular: “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”.

La respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) a las gestiones de Rodríguez fue ordenar que el fiscal del caso le remitiera todos los correos electrónicos que había enviado y recibido en sus comunicaciones con el abogado de Amador. En el primero de ellos, el letrado ofrecía un acuerdo y admitía que “ciertamente” su cliente había cometido dos delitos fiscales. Después, la FGE escribió un comunicado, que fue firmado por la Fiscalía Provincial de Madrid, con el que desmentir el bulo y defender la reputación de los fiscales.

Como dijo en su informe final el abogado del Estado, que llevaba la defensa de García Ortiz en el juicio, la intención era “atajar las mentiras” con las que se estaba difundiendo “una versión lesiva para la Fiscalía” a la que se estaba acusando de llevar a cabo “conductas prevaricadoras”.

El comunicado no era objeto del juicio en el Tribunal Supremo por decisión de su Sala de Apelaciones. Eso no impidió que se hablara en la vista de su proceso de elaboración. Más allá de esa nota de prensa, que el Supremo ya había decidido que no era constitutiva de delito, el juicio no ofreció ninguna prueba directa e indubitada de que García Ortiz era el responsable directo de la filtración. Si el Supremo se atreve a considerar el comunicado como un elemento con el que se fundamenta la condena por revelación de secretos, aumentarán las sospechas sobre la limpieza del fallo.

Con independencia de que aparezca o no en la sentencia, resulta muy probable que el tribunal haya utilizado en favor de la condena el testimonio del teniente coronel Antonio Balas en el juicio. “En todo el proceso hay un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado. Es una cuestión evidente”, declaró el alto cargo de la UCO.

Balas nunca investigó a nadie que no fuera García Ortiz en sus pesquisas. Cuando le preguntaron por qué no lo hizo con los otros fiscales que tenían acceso a los correos, el guardia civil respondió: “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”. La frase provocó risas de incredulidad entre el público, formado en su mayoría por personal de la FGE.

El Gobierno dio a la noticia una respuesta de esas que se suelen llamar institucionales. El ministro de Justicia anunció que se ha puesto en marcha el proceso para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado. Félix Bolaños hizo un llamamiento específico a los que piensen que la sentencia es la culminación de la operación que diseñó Rodríguez: “La discrepancia con esta sentencia no puede llevar a una desconfianza generalizada en las instituciones, en especial del sistema judicial”.

Fue precisamente eso lo que afirmaron varios dirigentes de izquierda. “La sentencia estaba escrita desde mucho antes de empezar el proceso, porque responde a 'el que pueda hacer, que haga'”, dijo Lara Hernández, coordinadora de Sumar. En la misma línea estuvo el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López: “Viendo lo que hemos visto y pasando lo que ha pasado, es una auténtica vergüenza”. “El mensaje es claro: Ayuso no se toca”, escribió Gabriel Rufián.

El PP no tardó mucho en rentabilizar la sentencia. “La inhabilitación de Álvaro García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno”, dijo Miguel Tellado. Feijóo pidió su dimisión y lo hizo suscribiendo por completo la tesis que han mantenido Ayuso y Rodríguez desde el principio: “El fiscal general se prestó a ser un peón en la estrategia política del Gobierno” y en “una operación política contra el Partido Popular, concretamente contra una presidenta de una comunidad autónoma”.

Es una frase que podría haber sido escrita por Miguel Ángel Rodríguez.