La sentencia que ha condenado al fiscal general será la primera que aluda al fraude fiscal del empresario y comisionista Alberto González Amador, acreditado por la Agencia Tributaria desde hace casi dos años y aún sin fecha de juicio

Las claves de la condena del fiscal general: tendrá que dejar su puesto y su futuro en la Fiscalía queda en el aire

La primera sentencia que aluda al fraude fiscal cometido por Alberto González Amador será redactada por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y en ella resultará condenado Álvaro García Ortiz, el máximo responsable de los fiscales que han ejercido la acusación contra el empresario y comisionista, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía solicita tres años y nueve meses de cárcel en la pieza más avanzada contra Alberto González Amador, pendiente únicamente de que se dicte apertura de juicio oral. En las próximas semanas se conocerá si la defensa del empresario y comisionista utiliza la condena a García Ortiz para solicitar la nulidad de la causa y librarse de los sólidos indicios acerca de que él engañó a Hacienda en dos ejercicios fiscales, mientras ya era pareja de la presidenta madrileña, y que utilizó para ella una trama de facturas falsas.

El fiscal general del Estado ha sido condenado como responsable de la filtración de una información veraz, un correo electrónico enviado por el abogado de González Amador al fiscal del caso reconociendo que había cometido dos delitos fiscales y proponiendo una condena por conformidad que le evitara entrar en la cárcel.

“Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”, decía aquel correo publicado por algunos medios de comunicación. La publicación periodística supuso enfrentar la verdad de lo ocurrido frente al bulo difundido poco antes por el periódico El Mundo, que aseguraba que había sido al revés, que la oferta del pacto procedía de la Fiscalía.

El empresario y comisionista Alberto González Amador repite que su interés era cerrar cuanto antes sus problemas con la justicia para que no perjudicara a la presidenta madrileña. También ha asegurado que no dio su permiso a su abogado para reconocer los delitos, pese a lo cual sigue contratando sus servicios en la actualidad. Y la pasada semana, ante el Tribunal Supremo, el defraudador deslizó que, desde la apertura de la inspección de Hacienda, sospechaba que los funcionarios “sabían” quien era él y que les movía una espuria intención.

Frente a todo eso, Alberto González Amador se enfrenta a una acusación de la que los especialistas consideran difícil librarse. Su pilar es un informe de la Agencia Tributaria de 187 páginas donde se plasman las conclusiones de más de 1.500 documentos recabados por dos inspectoras de Hacienda. Conclusión: Alberto González Amador defraudó 155.000 euros en el Impuesto de Sociedades correspondiente a 2020 y 195.951,41 euros en el mismo concepto al año siguiente. En ambos casos se trata defraudaciones superiores a los 120.000 euros en los que la Ley sitúa el umbral del delito.

Fuentes jurídicas consideran que un recurso de nulidad del procedimiento debe estar condenado al fracaso. Prevén que la condena al fiscal general recoja el daño al honor causó la difusión del correo, pero añaden que la publicación del mensaje en nada perjudicó al derecho a la defensa del empresario y comisionista.

La condena al fiscal general es también la culminación de una estrategia de defensa que arrancó en el mismo momento en que trascendió la querella de la Fiscalía contra Alberto González Amador a través de una exclusiva de elDiario.es. La publicación del correo de la condena al fiscal general desmentía el bulo lanzado por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.

Isabel Díaz Ayuso desconocía las dimensiones del problema político que le iba a su poner que trascendiera que vivía en una casa que pagaba un defraudador fiscal, que había hurtado a la Hacienda Pública la tributación que debía por un pelotazo en la venta de mascarillas en los inicios de la pandemia. La intención de González Amador era que la opinión pública siguiera pensando que Díaz Ayuso compartía su vida con un “técnico sanitario” como había publicado una revista del corazón. Y, ante todo ello, Miguel Ángel Rodríguez se inventó la polémica del falso ofrecimiento de la Fiscalía.

Antes de que una jueza de Madrid admitiera a trámite la querella por los dos fraudes fiscales y la falsificación de documentos de González Amador, el Ilustre Colegido de la Abogacía Madrileña ya había presentado una querella contra la fiscal provincial de Madrid, germen de la causa contra el fiscal general. El presidente del ICAM, Eugenio Ribón, se había distinguido por implicar al Colegio en la crítica al acuerdo entre PSOE y Junts por la ley de amnistía a través de un comunicado público.

Ribón justificaba la denuncia en que se había cometido una aberración contra el ejercicio de su profesión en un intento por desvincularse de una actuación ideológica. Abogados de sensibilidades distintas echan de menos una actuación así del ICAM en otros ataques al ejercicio de la Abogacía que no afectaban al novio de la presidenta madrileña.

En unos días, antes de que arrancara la instrucción contra González Amador, el empresario y comisionista ya había interpuesto su propia querella. La filtración del correo y la información veraz que dio lugar competía ya en los medios de comunicación con los delitos acreditados por Hacienda de Alberto González Amador. Fuera de los tribunales, la presidenta madrileña repetía el mantra de que la investigación al defraudador era una “operación de Estado” contra ella.

González Amador, caso abierto

La condena al fiscal general llega con la investigación a González Amador totalmente abierta. La anterior jueza del caso, que impulsó la causa contra el empresario y comisionista, sufrió las embestidas de un amigo de Ayuso, el músico Nacho Cano, por haberle imputado en otra causa un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y de favorecer la inmigración irregular. El caso contra Cano acabó archivado por la instancia superior. Las tres querellas contra la jueza, inadmitidas de plano.

La magistrada Inmaculada Iglesias se jubiló en verano. Antes, acordó la propuesta de la Fiscalía de que la pieza separada en el caso de González Amador diera un salto cualitativo. Los delitos que se investigaban, su complejidad y el hecho de que se hubieran cometido en varias zonas de España recomendaban que actuara la policía judicial, en este caso la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Desde entonces, el grupo del teniente coronel Antonio Balas, conocido por las investigaciones al PSOE, elabora un informe sobre la turbia operación que siguió al cobro por González Amador de dos millones de euros en una comisión.

La pareja de Ayuso mantuvo intacta su intención de pactar con la Fiscalía durante tres meses después a la filtración del correo. Se abortó el día que la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, presentó una ampliación de la denuncia contra el empresario y comisionista. Sus abogados descubrieron entre la maraña de documentos recabados por la Agencia Tributaria cinco posibles nuevos delitos y a González Amador ya no le interesó asumir el fraude fiscal si al final iba a ser acusado de otros. Al final se quedaron en los dos delitos que hoy día todavía sustentan la pieza separada.

Pero en ese periodo investigado ocurrió algo más turbio que el fraude fiscal. Los investigadores creen que la comisión de los dos millones de euros que obtuvo González Amador fue propiciada por Fernando Camino, amigo del empresario y presidente de Quirón Prevención. Camino también tenía una silla en el consejo de administración de la empresa que compró el material sanitario, operación que facilitó la comisión para la pareja de Ayuso.

Los delitos radicarían en la compra de una empresa sin apenas capital o beneficio por parte de González Amador por medio millón de euros. La sociedad era propiedad de la mujer de Fernando Camino. La sospecha es que ese medio millón por una sociedad que apenas facturaba 30.000 euros era la parte de la comisión que le correspondía Camino, el presidente de la división de Quirón, el gigante de la sanidad que ingresa casi mil millones de euros anuales de la Comunidad de Madrid. El informe de la UCO decidirá el futuro de la pieza.