La condena de multa e inhabilitación a Álvaro García Ortiz refuerza a Isabel Díaz Ayuso en su estrategia de presentarse como víctima de una conspiración, mientras las acusaciones ultras triunfan en su primer gran juicio relacionado con el Gobierno

El Supremo condena al fiscal general a dos años de inhabilitación por la filtración del correo de la pareja de Ayuso

El juicio al fiscal general del Estado celebrado durante dos semanas en el Tribunal Supremo dejó una imagen inédita. A un lado del estrado, Álvaro García Ortiz, acompañado por los dos abogados del Estado que ejercían su defensa y por los dos fiscales que, en este caso, pedían su absolución.

Al otro, el letrado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y las acusaciones populares que solicitaban elevadas condenas para el máximo representante del Ministerio Público. Entre ellas, organizaciones ultra como Manos Limpias, HazteOír y Vox. La condena conocida este jueves evidencia la victoria de estos últimos y refrenda la estrategia emprendida por la derecha política y judicial para que el fiscal general fuera llevado al banquillo antes que el propio Alberto González Amador.

La decisión conocida este jueves, que obliga a García Ortiz a abandonar su puesto al frente de la Fiscalía, es el último episodio de un asunto que se remonta a marzo de 2024. elDiario.es desveló entonces que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid había ideado un sistema de facturas falsas y empresas pantalla para engañar a Hacienda tras ganar dos millones de euros por la venta de mascarillas en la pandemia. Desde el primer momento, Ayuso, el PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid trataron de situar a González Amador en el centro de una supuesta confabulación institucional contra la presidenta comandada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y su prensa afín.

El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, veterano de la guerrilla de la comunicación política, lanzó la manipulación definitiva del caso: el fiscal general había frustrado un posible pacto para arrastrar a González Amador por un largo y tortuoso proceso penal. El fiscal general tomó cartas en el asunto cuando llegó el momento de desmentir el bulo y la estrategia de la derecha política y judicial fue clara y unánime: había que investigar a los investigadores del Ministerio Público. Primero a los subordinados en el Tribunal Superior de Madrid y después al fiscal general en el Supremo.

Las primeras querellas fueron firmadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y por González Amador. Pero también por la fundación Foro Libertad y Alternativas, vinculada a antiguos altos cargos de PP y Vox. Detrás llegó la alineación habitual de la extrema derecha judicial: Manos Limpias y, con el tiempo, Vox y HazteOír. Todas estas organizaciones se acabaron sentando en los estrados del Supremo durante la vista, aunque no pudieron interrogar al fiscal general, que rechazó responder a sus preguntas.

En el Gobierno dejaron claro que no comparten la decisión del Supremo, aunque la respetan y acatan. Ya se ha puesto en marcha, de hecho, el proceso para la inevitable sustitución del fiscal general. El presidente Pedro Sánchez evitó mencionar expresamente el fallo, pero aprovechó un acto en el Congreso sobre el intento de golpe de Estado del 23F para lanzar varios mensajes en clave: llamó a proteger la democracia frente a los “abusos de poder” y “a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla”.

Dos magistradas en minoría

La sentencia despejará algunas dudas clave del caso: si es condenado por filtrar el documento a un medio de comunicación o por ordenar la difusión de datos del caso de González Amador a través de una nota de prensa. Pero fuentes del alto tribunal avanzan que las deliberaciones empezaron antes incluso de que terminara el juicio y que, para cuando quedó visto para sentencia, la mayoría de la Sala ya tenía claro que su decisión era condenar.

La imagen de otros grandes casos volvió a repetirse. Como en los ERE de Andalucía, la amnistía o la condena al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, las progresistas Susana Polo y Ana Ferrer se quedaron en minoría defendiendo la absolución del fiscal general. La ponencia pasó a Andrés Martínez Arrieta, a quien la derecha judicial atribuye una sensibilidad progresista difícil de apoyar en su trayectoria. De hecho, fue recientemente ascendido a la presidencia de la Sala de lo Penal gracias a la presión del sector conservador del actual Consejo General del Poder Judicial.

El voto de Martínez Arrieta, sumado al de los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela firmó una condena de dos años de inhabilitación, una multa de 7.400 euros y una indemnización de 10.000 euros para la pareja de Ayuso. El fallo fue difundido a toda prisa, explican estas fuentes, para evitar filtraciones como en la sentencia del procés mientras los primeros rumores empezaban a circular. Marchena y Del Moral son fiscales de carrera, al igual que García Ortiz.

La sentencia completa todavía no ha sido redactada y, por tanto, los argumentos de los jueces para condenar al fiscal general no se conocerán hasta dentro de unos días. El fallo que ha trascendido no acoge las elevadas peticiones de condena formuladas por las acusaciones. La pareja de Ayuso, el Colegio de Abogados de Madrid o Manos Limpias reclamaban una condena de cuatro años de cárcel, mientras que la minoritaria asociación de fiscales Apif elevaba la petición hasta los seis años.

La resolución sí acepta, sin embargo, la solicitud de González Amador de ser indemnizado directamente por el fiscal general y que esa cantidad no sea sufragada por la institución. También obliga a García Ortiz a abonar los honorarios de sus abogados. El fallo anunciado este jueves estampa, por tanto, el sello de la victoria en una acusación incitada por la pareja de Díaz Ayuso, desarrollada por el juez Ángel Hurtado e impulsada por algunas acusaciones vinculadas a la extrema derecha y presentes en otros muchos casos que afectan al presidente del Gobierno y el Ejecutivo.

La sentencia condenatoria del Supremo también avala la polémica instrucción de Ángel Hurtado, que tuvo que ser corregido varias veces por la Sala de Apelaciones y que llevó al fiscal general a juicio entre acusaciones sin pruebas de actuar siguiendo “indicaciones” de Moncloa. El magistrado envió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la Fiscalía y desde ese día nunca abandonó una única línea de investigación: que el fiscal general había filtrado el documento a la prensa. La decisión condenatoria consagra la instrucción de Hurtado y entierra el voto particular con el que Andrés Palomo expresó que no había material suficiente ni para abrir juicio oral contra García Ortiz.

La condena también supone la primera gran victoria, en la cúspide de la judicatura española, de los actores habituales en las causas que afectan al Ejecutivo o a Pedro Sánchez: Manos Limpias, Vox y HazteOír, aunque los dos últimos se incorporaron al caso poco antes del juicio y en contra de la voluntad de Hurtado. Por delante quedan los futuros juicios contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno con el mismo voltaje político: cualquier fallo desfavorable será trasladado inmediatamente al plano político. En el caso del fiscal general, el fallo es una victoria política inapelable para Díaz Ayuso en su pelea por presentarse como una víctima del Gobierno.

Las consecuencias de la condena de García Ortiz son claras: tendrá que abandonar la cúspide del Ministerio Público y está en el aire si perderá o no su condición de fiscal, la que consiguió en 1999 y que desarrolló en Galicia sin sobresaltos hasta que empezó a moverse por los pasillos del poder de la sede central de la Fiscalía en la calle Fortuny de Madrid. Allí fue recibido por un informe desfavorable del sector conservador del Consejo del Poder Judicial, una noticia falsa y un recurso contra su nombramiento. Y de allí tendrá que salir en los próximos días como el primer fiscal general condenado de la democracia.