La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos monitorea a millones de conductores estadounidenses en todo el país mediante un programa subrepticio para identificar y detener a personas cuyos patrones de viaje considera sospechosos, según una investigación de The Associated Press.

Este programa de inteligencia predictiva ha resultado en personas que han sido obligadas a orillarse en su trayecto, registradas y, en algunos casos, arrestadas. Una red de cámaras escanea y graba la información de las matrículas de los vehículos, y un algoritmo marca aquellos que considera sospechosos con base en de dónde provienen, su destino y la ruta que tomaron. Los agentes federales, a su vez, podrían entonces alertar a las autoridades locales.

Súbitamente, a los conductores se les dice que se orillen en la carretera, a menudo por razones como exceso de velocidad, no usar las luces direccionales, cristales entintados no permitidos o incluso un aromatizante que cuelga y obstruye la visión. Luego son interrogados y cateados enérgicamente, sin sospechar que las carreteras por las que transitaron los pusieron en el radar de las autoridades.

La Patrulla Fronteriza, que en un principio se limitaba a vigilar las fronteras del país, ha desarrollado un sistema de vigilancia que se extiende al interior del territorio estadounidense y que puede monitorear las actividades y vínculos diarios de ciudadanos comunes en busca de anomalías, en lugar de centrarse solamente en sospechosos buscados por las autoridades. Creada hace aproximadamente una década para combatir las actividades ilegales relacionadas con la frontera y el tráfico tanto de drogas como de personas, se ha expandido considerablemente en los últimos cinco años.

La Patrulla Fronteriza ha adquirido aún más poder recientemente gracias a la colaboración con otras agencias, al obtener información de lectores de matrículas a nivel nacional gestionados por la DEA —la agencia antidrogas—, empresas privadas y, cada vez más, programas policiales locales financiados con fondos federales. Las agencias policiales de Texas le han solicitado a la Patrulla Fronteriza que utilice reconocimiento facial para identificar a los conductores, según muestran documentos.

Este papel activo más allá de las fronteras forma parte de la discreta transformación de su agencia matriz —la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés)— en algo más parecido a una operación de inteligencia nacional. Dentro de la batida del gobierno del presidente Donald Trump contra la inmigración, la CBP está a punto de recibir más de 2.700 millones de dólares para desarrollar sistemas de vigilancia fronteriza, tal como el programa de lectores de matrículas integrado con inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

El resultado es una red de vigilancia masiva con un enfoque particularmente estadounidense: los automóviles.

Esta investigación, la primera en revelar detalles de cómo funciona el programa en las carreteras estadounidenses, se basa en entrevistas con ocho exfuncionarios gubernamentales con conocimiento directo del programa, quienes declararon a condición de guardar el anonimato por no estar autorizados a hablar con los medios, así como con decenas de agentes federales, estatales y locales, abogados y expertos en privacidad. La AP también revisó miles de páginas de documentos judiciales y gubernamentales, datos sobre subvenciones estatales y las fuerzas policiales, e informes de arresto.

Durante años, la Patrulla Fronteriza ha ocultado detalles de su programa de lectores de matrículas, intentando evitar cualquier mención del programa en documentos judiciales e informes policiales, dicen los exfuncionarios, e incluso ha llegado a proponer retirar cargos antes que arriesgarse a revelar detalles sobre la ubicación y el uso de sus lectores de matrículas encubiertos. Los lectores suelen estar camuflados en las autopistas, integrados en elementos de seguridad vial, tales como barreras y barriles de control de tráfico.

La Patrulla Fronteriza ha definido sus propios criterios para determinar qué comportamientos de los conductores se consideran sospechosos o vinculados al tráfico de personas o de drogas, y ha parado en su trayecto a personas por cualquier motivo: desde conducir por caminos rurales hasta trasladarse en un auto alquilado o realizar viajes cortos a la región fronteriza. La red de cámaras de la agencia se extiende ahora a lo largo de la frontera sur en Texas, Arizona y California, y también monitorea a los conductores que transitan cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Y su alcance se extiende muy al interior del país, lo que afecta a los residentes de grandes áreas metropolitanas y a personas que conducen hacia y desde grandes ciudades como Chicago y Detroit, así como desde Los Ángeles, San Antonio y Houston hacia y desde la región fronteriza con México. En un ejemplo, la AP encontró que la agencia ha colocado al menos cuatro cámaras en el área metropolitana de Phoenix a lo largo de los años, una de las cuales se encontraba a más de 193 kilómetros (120 millas) de la frontera mexicana, más allá de la jurisdicción habitual de la agencia, que es de 160,9 kilómetros (100 millas) desde una frontera terrestre o marítima. La AP también identificó varias ubicaciones de cámaras en el área metropolitana de Detroit, así como una cerca de la frontera entre Michigan e Indiana para captar el tráfico que se dirige a Chicago, a Gary, Indiana, o a otros destinos cercanos.

La CBP indicó que utiliza lectores de matrículas para ayudar a identificar amenazas y alterar redes criminales, y que “se rige por un marco normativo estricto y de múltiples capas, así como por la ley federal y las protecciones constitucionales, para garantizar que la tecnología se aplique de manera responsable y con fines de seguridad claramente definidos”.

“Por razones de seguridad nacional, no damos detalles de las aplicaciones operativas específicas”, agregó la agencia. Si bien la Patrulla Fronteriza del país opera principalmente dentro de un radio 160 kilómetros (100 millas) de la frontera, está legalmente autorizada a “operar en cualquier lugar de Estados Unidos”, añadió la agencia.

Aunque la recopilación de matrículas de vehículos en vías públicas generalmente ha sido respaldada por los tribunales, algunos juristas consideran que el crecimiento de grandes redes de vigilancia digital, como la de la Patrulla Fronteriza, suscita cuestionamientos constitucionales. Los tribunales han comenzado a reconocer que “la tecnología de vigilancia a gran escala que captura a todos, en todas partes y en todo momento” podría ser inconstitucional según la Cuarta Enmienda, que protege a las personas de registros irrazonables, expuso Andrew Ferguson, profesor de derecho en la Universidad George Washington.

Hoy en día, la vigilancia predictiva está integrada en las carreteras estadounidenses. Las técnicas de vigilancia masiva también se utilizan en diversos países, desde gobiernos autoritarios como China hasta —cada vez más— democracias como el Reino Unido y otras en Europa, en nombre de la seguridad nacional y la seguridad pública.

“Recopilan cantidades masivas de información sobre quiénes son las personas, a dónde van, qué hacen y a quién conocen … llevando a cabo una vigilancia masiva de los estadounidenses en las calles, en las carreteras, en sus ciudades, en sus comunidades”, dijo Nicole Ozer, directora ejecutiva del Centro para la Democracia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco, en respuesta a los hallazgos de la AP. “Estos sistemas de vigilancia no hacen que las comunidades sean más seguras”.

En febrero, Lorenzo Gutierrez Lugo, conductor de una pequeña empresa de transporte de carga especializada en trasladar muebles, ropa y otras pertenencias a familias en México, conducía hacia el sur, en dirección de la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, con paquetes procedentes de comunidades de inmigrantes de las tierras bajas Carolina del Sur.

Gutierrez Lugo fue obligado a orillarse en la carretera por un agente de la policía local en Kingsville, una pequeña ciudad de Texas cerca de Corpus Christi, situada a unos 160 kilómetros (100 millas) de la frontera con México. El agente, Richard Beltran, dijo que había ordenado que se detuviera debido a que la velocidad de la camioneta era de 80 kilómetros por hora (50 millas por hora) en una zona de 72 km/h (45 mph).

Pero el exceso de velocidad era un pretexto: la Patrulla Fronteriza había solicitado que lo pararan e indicó que la camioneta Dodge negra con remolque blanco podría contener contrabando, según consta en los registros policiales y judiciales. La Ruta 77 atraviesa Kingsville, una carretera que las autoridades estatales y federales vigilan de cerca para detectar tráfico de drogas, dinero y personas.

Gutierrez Lugo —quien declinó hacer declaraciones a través de su abogado— fue interrogado sobre la ruta por la que condujo con base en los datos del lector de matrículas, según el informe policial y los registros judiciales. Consintió que Beltran y los agentes de la Patrulla Fronteriza —quienes llegaron para prestar apoyo— registraran su vehículo.

No encontraron contrabando. Pero Beltran arrestó a Gutierrez Lugo bajo sospecha de lavado de dinero y participación en actividades delictivas organizadas porque llevaba consigo miles de dólares en efectivo, dinero que su supervisor reportó que provenía directamente de clientes de las comunidades hispanas locales, quienes suelen pagar en efectivo. Al final, no se presentaron cargos penales contra Gutierrez Lugo y la fiscalía desistió de su empeño para confiscar el efectivo, el vehículo y el remolque como contrabando.

Luis Barrios es dueño de la empresa de transporte —Paquetería El Güero— que empleaba al conductor. Explicó a la AP que contrata a personas con autorización para trabajar en Estados Unidos, y que quedó consternado por el trato que recibieron su empleado y su remolque.

“Hicimos todo bien y no teníamos nada que ocultar, y eso fue lo que finalmente encontraron”, agregó Barrios, quien estima haber gastado 20.000 dólares en honorarios jurídicos para limpiar el nombre de su conductor y recuperar la camioneta y el remolque del depósito de vehículos.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza y la policía local utilizan diversos nombres para este tipo de detenciones: “whisper” —en las que se transmite información sobre un vehículo sospechoso y se instruye a la policía local a detenerlo mediante un pretexto o violación de tráfico menor—, “intel” (parada por supuesta información de inteligencia) o “wall” (parada que oculta tras “un muro” la fuente original de inteligencia del sospechoso). Esas paradas en los trayectos tienen como objetivo ocultar —o blindar— que el motivo real de haber orillado a alguien proviene de información de agentes federales que operan a kilómetros de distancia y monitorean datos que muestran quién viaja por las carreteras estadounidenses y pronostican quién es “sospechoso”, según documentos y personas entrevistadas por la AP.

En 2022, policías de Texas en las afueras de San Antonio revisaron meticulosamente el vehículo de un hombre de Houston, tras recibir información similar por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza sobre Alek Schott, el conductor.

Los agentes federales observaron que Schott había realizado un viaje nocturno desde Houston a Carrizo Springs, Texas, y de regreso, según consta en los registros judiciales. Sabían que pernoctó en un hotel a unos 129 kilómetros (80 millas) de la frontera entre Estados Unidos y México, y que, por la mañana, Schott se reunió allí con una colega antes de que ambos se fueran en auto a una junta de negocios.

A petición de la Patrulla Fronteriza, policías del condado Bexar ordenaron a Schott detener su vehículo. Los agentes lo retuvieron a un lado de la carretera durante más de una hora, registraron su auto de arriba a abajo y no encontraron nada.

“Lo hermoso del Código de Tráfico de Texas es que existen miles de motivos por los que se puede parar a un vehículo”, dijo Joel Babb, el agente que detuvo el auto de Schott, en una declaración jurada presentada en el marco de una demanda interpuesta por Schott por supuestas violaciones de sus derechos constitucionales.

Según el testimonio y los documentos divulgados como parte de la demanda de Schott, Babb participaba en un chat grupal con agentes federales llamado Carretera Noroeste. Babb borró el chat de WhatsApp de su teléfono, pero los abogados de Schott lograron recuperar algunos de los mensajes de texto.

Mediante una solicitud de acceso a la información pública, la AP también obtuvo más de 70 páginas de los chats grupales de Carretera Noroeste de junio y julio de este año de un condado de Texas en el que al menos un policía local participó activamente en el chat. La AP logró vincular muchos números de teléfono en ambos conjuntos de documentos con agentes de la Patrulla Fronteriza y funcionarios policiales de Texas.

Los mensajes en el chat muestran que agentes de la Patrulla Fronteriza y policías de Texas intercambian información sobre los patrones de viaje de los vehículos, con base en sospechas tan minúsculas como que alguien hace un viaje corto a la región fronteriza y de regreso. Las conversaciones en el chat muestran la exhaustiva vigilancia de las carreteras de Texas por parte de esta colaboración entre el gobierno federal y las autoridades locales, y la gran cantidad de información detallada que se comparte informalmente.

En una conversación, un policía incluyó la fotografía de la licencia de conducir de una persona e informó al grupo que la persona, a quien identificaron con una abreviatura para referirse a alguien que se encuentra en el país sin permiso, se dirigía hacia el oeste. “¿Necesitas BP?”, respondió un miembro del grupo cuyo número estaba etiquetado como “bp Intel”. “Sí, señor”, respondió el agente, y un agente de la Patrulla Fronteriza se dirigió al lugar.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza y las autoridades policiales locales compartieron información sobre los perfiles de redes sociales y los domicilios de ciudadanos estadounidenses después de pararlos en la carretera. Las conversaciones en el chat revelan que la Patrulla Fronteriza también pudo determinar si los vehículos eran de alquiler y si los conductores trabajaban para servicios de transporte compartido.

En el caso de Schott, Babb testificó que los agentes federales “de hecho vigilan los patrones de viaje en la autopista” mediante el escaneo de matrículas y otras tecnologías de vigilancia. Y añadió: “Sólo sé que tienen muchos juguetes allí, del lado federal”.

Tras no encontrar nada en el auto de Schott, Babb dijo que “9 de cada 10 veces, esto es lo que sucede”, una frase que los abogados de Schott afirmaron —en documentos judiciales— que demuestra que el departamento policial no encuentra nada sospechoso en la mayoría de sus registros. Babb no respondió a diversas solicitudes de comentarios que le hizo la AP.

La policía del condado Bexar declinó hacer comentarios debido al litigio pendiente y remitió todas las preguntas sobre el caso de Schott al fiscal de distrito del condado, quien tampoco respondió a la solicitud de comentarios.

El caso está pendiente en un tribunal federal de Texas. Schott expresó en una entrevista con la AP: “No sabía que era ilegal conducir en Texas”.

Hoy en día, los desiertos, los bosques y las montañas de las fronteras terrestres del país están salpicados de puestos de control y, cada vez más, de torres de vigilancia, drones Predator, cámaras térmicas y lectores de matrículas, tanto encubiertos como visibles.

La agencia matriz de la Patrulla Fronteriza obtuvo autorización para operar un programa de lectores de matrículas en el territorio nacional en 2017, según un documento de política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). En aquel entonces, la agencia dijo que podía emplear lectores de matrículas ocultos “durante un período determinado mientras la CBP realiza una investigación en una zona de interés o ruta de contrabando. Una vez completada la investigación o que cese la actividad ilícita en esa zona, se retirarán las cámaras encubiertas”, afirma el documento.

Pero no es así como el programa ha funcionado en la práctica, según entrevistas, informes policiales y documentos judiciales. Los lectores de matrículas se han convertido en un elemento importante —y en algunos lugares, permanente— de la región fronteriza.

En una solicitud presupuestaria al Congreso para el año fiscal 2024, la CBP explicó que su Sistema de Monitoreo de Transporte y Reconocimiento Predictivo (CMPRS, por sus iniciales en inglés) “recopila imágenes de matrículas y compara las imágenes procesadas con listas de alerta establecidas para ayudar a identificar patrones de viaje que indiquen actividades ilegales relacionadas con la frontera”. En los últimos meses, han sido publicadas varias ofertas de empleo de desarrolladores que buscan candidatos para modernizar su sistema de vigilancia de matrículas. Numerosos sectores de la Patrulla Fronteriza cuentan ahora con unidades especiales de inteligencia capaces de analizar los datos de los lectores de matrículas y vincular los lectores comerciales a su red nacional, según documentos y entrevistas.

La Patrulla Fronteriza colaboró con otras agencias policiales del sur de California hace aproximadamente una década para desarrollar un sistema de reconocimiento de patrones, informó un exagente de la CBP, quien habló a condición de guardar el anonimato por temor a sufrir represalias. Con el tiempo, la agencia aprendió a desarrollar lo que denomina “patrones de vida” en los movimientos de los vehículos, al analizar los datos de las matrículas y determinar rutas “anormales”, y evaluar si los conductores evitaban puestos de control oficiales deliberadamente. Algunas cámaras pueden fotografiar tanto las matrículas de los vehículos como el rostro del conductor, agregó el funcionario.

Otro exagente de la Patrulla Fronteriza comparó el sistema con una versión tecnológicamente más sofisticada de las prácticas que los agentes realizaban en el terreno: desarrollar corazonadas con base en la experiencia sobre qué vehículos o rutas podrían utilizar los contrabandistas, encontrar una justificación legal para que se orillen, como exceso de velocidad, y entonces interrogar a los conductores.

Las cámaras fotografían las matrículas de los vehículos. Luego, el sistema “lee” las fotografías, que detecta de manera automática y las descompone en números y letras, y las vincula a una ubicación geográfica, explicaron los exfuncionarios de la CBP. La AP no pudo determinar con precisión cómo el algoritmo del sistema define un cambio de dirección rápido o una ruta inusual. Con el tiempo, la agencia ha acumulado bases de datos repletas de imágenes de matrículas, y el algoritmo del sistema puede dar la alarma de un “patrón de vida” inusual para que sea inspeccionado por humanos.

La Patrulla Fronteriza también tiene acceso a una red nacional de lectores de matrículas gestionada por la DEA, según muestran los documentos, y fue autorizada en 2020 a acceder a sistemas de lectura de matrículas vendidos por empresas privadas. En documentos obtenidos por la AP, un agente de la Patrulla Fronteriza se jactó de poder ver que un vehículo había viajado a “Dallas, Little Rock, Arkansas y Atlanta” antes de llegar al sur de San Antonio.

Los documentos muestran que la Patrulla Fronteriza o la CBP han tenido acceso en el pasado a datos de al menos tres proveedores del sector privado: Rekor, Vigilant Solutions y Flock Safety.

A través tan sólo de Flock, la Patrulla Fronteriza tuvo acceso durante un tiempo a cuando menos 1.600 lectores de matrículas en 22 estados, y algunos condados han informado haber consultado matrículas en nombre de la CBP, incluso en estados como California e Illinois que prohíben compartir datos con las autoridades federales de inmigración, según un análisis de la AP con base en los informes de la policía. Un portavoz de Flock dijo a la AP que la empresa había suspendido “por ahora” sus programas piloto con la CBP y con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) —otra agencia del DHS—, y declinó comentar el tipo o la cantidad de datos que se compartieron con cualquiera de las dos agencias federales; sólo señaló que éstas pueden buscar vehículos con orden de localización relacionados con algún delito. Ninguna agencia ha registrado a la Patrulla Fronteriza como receptora de datos de Flock. Vigilant y Rekor no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Dónde coloca sus cámaras la Patrulla Fronteriza es un secreto celosamente guardado. No obstante, mediante solicitudes de acceso a la información pública, la AP obtuvo decenas de permisos que la agencia solicitó a Arizona y Michigan para instalar cámaras en terrenos que son propiedad de esos estados. Los permisos muestran que la agencia suele camuflar sus cámaras al ocultarlas en equipos de señalización vial, como los conos amarillos y naranjas que salpican las carreteras estadounidenses, o al etiquetarlas como equipo para trabajos de construcción. En octubre, un fotógrafo de la AP visitó las ubicaciones identificadas en más de dos docenas de solicitudes de permiso en Arizona y encontró que la mayor parte del equipo oculto de la Patrulla Fronteriza sigue allí. Portavoces de los departamentos de transporte de Arizona y Michigan dijeron que aprueban los permisos en función de si cumplen con las normas estatales y federales, y que desconocen los detalles sobre cómo se utilizan los lectores de matrículas.

Texas, California y otros estados fronterizos no proporcionaron documentos en respuesta a las solicitudes de la AP para tener acceso a la información pública.

Abogados y personal de la CBP le ordenaron a ciudades y condados locales de Arizona y de Texas que no le entregaran a la AP los registros que pudieran revelar detalles sobre la operación del programa, a pesar de que se solicitaron en virtud de las leyes estatales de acceso a la información pública, según correos electrónicos y escritos jurídicos presentados ante los gobiernos estatales. Por ejemplo, la CBP afirmó que los registros solicitados por la AP en Texas “permitirían a los ciudadanos ordinarios anticipar deficiencias en un departamento de policía, evitar ser detectados, poner en peligro la seguridad de los agentes y, en general, socavar la labor policial”. Michigan ocultó con franjas negras la ubicación exacta del equipo de la Patrulla Fronteriza, pero la AP pudo determinar ubicaciones generales a partir del nombre del condado.

Una página de los chats grupales obtenidos por la AP muestra que un participante activó la función de mensajes temporales de WhatsApp para garantizar que las comunicaciones se borraran automáticamente.

El programa de lectores de matrículas de la Patrulla Fronteriza es sólo una parte de la transformación constante que ha experimentado su agencia matriz, la CBP, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, hasta convertirse en una operación de inteligencia cuyo alcance se extiende mucho más allá de las fronteras, según entrevistas con exfuncionarios.

La agencia ha acumulado discretamente acceso a mucha más información de puertos de entrada, aeropuertos y centros de inteligencia que otras agencias policiales locales, estatales y federales. Y, al igual que una agencia de espionaje nacional, la CBP ha ocultado en gran medida su papel en la difusión de inteligencia sobre trayectos puramente internos mediante el uso de “whisper stops” (cuando la policía detiene a un conductor con algún pretexto).

La Patrulla Fronteriza también ha ampliado el alcance de su programa de vigilancia de matrículas al financiar a las fuerzas policiales locales para que operen lectores de matrículas en su nombre.

Un programa federal de subvenciones llamado Operation Stonegarden, que ha existido de una u otra forma durante casi dos décadas, ha distribuido cientos de millones de dólares para la compra de lectores de matrículas automatizados, drones equipados con cámaras y otros equipos de vigilancia para agencias policiales y comisarios locales. Los fondos de Stonegarden también cubren las horas extras de las fuerzas policiales locales, lo que permite que policías locales colaboren con las prioridades de la Patrulla Fronteriza para hacer respetar las leyes.

Bajo la presidencia de Trump, el Congreso, de mayoría republicana, asignó este año 450 millones de dólares a Stonegarden para los próximos cuatro años fiscales. En los cuatro años fiscales anteriores, el programa otorgó 342 millones de dólares.

Mark Dannels, jefe de policía del condado Cochise, Arizona, dijo que las subvenciones de Stonegarden —que han sido utilizadas para adquirir lectores de matrículas y pagar horas extras— han permitido a sus agentes fusionar su misión con la de la Patrulla Fronteriza para darle prioridad a la seguridad en la frontera.

“Si compartimos nuestras facultades, podemos poner algunas consecuencias o un efecto disuasorio detrás del ‘No vengan aquí’”, agregó.

En 2021, la policía del condado Ward, en Texas, solicitó fondos al DHS para adquirir un “lector de matrículas móvil y encubierto” que permitiera transmitir datos a la Unidad de Inteligencia del Sector Big Bend de la Patrulla Fronteriza. La policía de Ward no respondió a una solicitud de comentarios.

Otros documentos obtenidos por la AP muestran que la Patrulla Fronteriza vincula lectores de matrículas de propiedad y operación local —adquiridos mediante subvenciones de Stonegarden— a sus sistemas informáticos, lo que incrementa enormemente la red de vigilancia de la agencia federal.

Se desconoce cuántas personas han caído en la red policial de la Patrulla Fronteriza. Un exagente de la Patrulla, quien trabajó en el programa de detección de patrones de lectores de matrículas en California, dijo que el programa tenía una tasa de éxito del 85% en la detección de contrabando una vez que él aprendió a identificar patrones sospechosos. No obstante, otro exagente de un sector diferente de la Patrulla Fronteriza manifestó que desconocía de interceptaciones exitosas basándose únicamente en patrones de matrículas.

Durante el segundo mandato de Trump, la Patrulla Fronteriza ha ampliado su alcance y poder a medida que los cruces fronterizos han disminuido a mínimos históricos, lo que ha liberado a agentes para trabajar en operaciones al interior del país. Como ejemplo, Gregory Bovino, jefe de sector de la Patrulla Fronteriza, fue designado para dirigir a cientos de agentes de diversas agencias del DHS en las redadas migratorias del gobierno en Los Ángeles, a más de 241 kilómetros (150 millas) de su oficina en El Centro, California. Posteriormente, Bovino fue ascendido para encabezar la enérgica represión migratoria en Chicago. Numerosos funcionarios de la Patrulla Fronteriza también han sido designados para reemplazar a personas en puestos de liderazgo en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El resultado ha sido un aumento sin precedentes en los encuentros entre la agencia y el público en general.

“Tomamos el caso de Alek porque era un claro ejemplo de una parada de tráfico inconstitucional”, señaló Christie Hebert, quien trabaja en el Instituto para la Justicia, una firma legal sin fines de lucro que representa a Schott. “Lo que descubrimos fue algo mucho mayor: un sistema de vigilancia masiva que amenaza la libertad de movimiento de las personas”.

La AP encontró numerosos ejemplos similares a los experimentados por Schott y el conductor de la empresa de transporte de carga al revisar los registros judiciales en comunidades fronterizas y a lo largo de rutas de contrabando conocidas en Texas y California. Varios informes policiales y registros judiciales examinados por la AP citan patrones de viaje “sospechosos” o información vaga de la Patrulla Fronteriza u otras agencias policiales no identificadas. En otro documento judicial federal presentado en California, un agente de la Patrulla Fronteriza reconoció haber realizado “análisis específico de vehículos que exhibían patrones de viaje sospechosos” como la razón por la que identificó un Nissan Altima que circulaba cerca de San Diego.

En casos revisados por la AP, en ocasiones las fuerzas policiales locales intentaron ocultar el papel de la Patrulla Fronteriza en la transmisión de información. Babb, el agente que detuvo a Schott, testificó que suele usar la frase “con posterioridad a conocimiento previo” al describir las paradas “whisper” en sus informes policiales, para reconocer que la información provino de otra agencia policial, sin revelar demasiado en los documentos que escribe para registrar los encuentros con los conductores.

Una vez que orillan a un vehículo considerado sospechoso, a menudo los agentes interrogan enérgicamente a los conductores sobre sus viajes, sus pertenencias, sus empleos, cómo conocen a los pasajeros del auto y mucho más, según muestran los registros policiales y las grabaciones de cámaras corporales obtenidas por la AP. Un policía de Texas exigió detalles a un hombre sobre dónde conoció a su pareja sexual actual. A menudo, los conductores —como el que trabaja para la empresa de transporte de carga de Carolina del Sur— fueron arrestados bajo sospecha de lavado de dinero simplemente por llevar consigo unos pocos miles de dólares en efectivo, sin que hubiera ninguna conexión aparente con actividades ilegales. Los fiscales presentaron demandas para intentar incautar el dinero o los vehículos bajo la sospecha de que estaban vinculados a contrabando.

Schott advierte que, por cada caso de éxito que pregona la Patrulla Fronteriza, hay muchas más personas inocentes que no se dan cuenta de que han caído en la trampa de una operación de control fronterizo impulsada por tecnología.

“Supongo que por cada persona como yo, que se atreve a alzar la voz, hay miles que simplemente no tienen los medios ni el tiempo, o que sólo se van frustrados y enojados. No tienen la capacidad de seguir adelante y exigir que se responsabilice a alguien”, agregó Schott. “Creo que hay miles de personas que son tratadas de esta manera”.

_____

Tau informó desde Washington, Laredo, San Antonio, Kingsville y Victoria, Texas; Burke informó desde San Francisco; Aaron Kessler, en Washington; Jim Vertuno, en San Antonio; el productor de video de la AP Serginho Roosblad, en Bisbee, Arizona; y los fotógrafos de la AP Ross D. Franklin, en Phoenix, y David Goldman, en Houston, contribuyeron a este despacho. El experiodista de la AP Ismael M. Belkoura, en Washington, también contribuyó.

_____

Entre en contacto con el equipo de investigación global de la AP a través de Investigative@ap.org o https://www.ap.org/tips/