El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya analiza distintas fórmulas para «resarcir» al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , tras su condena por un delito de revelación de secretos. Aunque el Gobierno ha activado el relevo inmediato al frente del Ministerio Público, el indulto se sitúa sobre la mesa como una de las opciones más probables. No obstante, fuentes del entorno jurídico del presidente recomiendan cautela: antes de tomar una decisión, Moncloa quiere leer la sentencia completa y los dos votos particulares que discrepan de la condena dictada por el Tribunal Supremo, según revela OkDiario.

El fallo, que aún no ha sido redactado, inhabilita a García Ortiz durante dos años y le impone una multa e indemnización por filtrar datos reservados de Alberto González Amador , pareja de Isabel Díaz Ayuso . El Gobierno considera que se trata de «una condena sin pruebas fehacientes» y que el futuro del hasta ahora responsable de la Fiscalía debe resolverse con «rapidez y justicia».

Moncloa quiere una vía rápida para «resarcir» al fiscal

Según confirman fuentes del Ejecutivo, el indulto aparece como «la opción más ágil» para restaurar la situación de García Ortiz. Aunque el proceso nunca es inmediato, los juristas consultados calculan entre cuatro y cinco meses para su concesión, dado que el Gobierno debe recabar informes del tribunal sentenciador, del Consejo de Estado y otros organismos.

La alternativa sería un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional , pero esta vía se antoja más lenta:
«El Constitucional solo tiene pendiente un Pleno este año y lo más probable es que la admisión a trámite no se vea hasta 2026», apuntan fuentes del tribunal. Además, señalan que el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido , «no se siente cómodo con este asunto» y no acelerará artificialmente su tramitación.

El escenario más delicado: perder la condición de fiscal

El punto crítico que ya estudia Moncloa es que, si la sentencia implica la pérdida de la condición de fiscal —algo probable según expertos consultados—, García Ortiz no podría ser recolocado en puestos internacionales o de enlace, ni en embajadas ni en organismos multilaterales.

Esa situación, explican, dejaría como únicas herramientas para su recuperación profesional el indulto y la eventual estimación de un amparo constitucional , medidas compatibles entre sí.

El Gobierno reconoce el fallo, pero insiste: «No lo compartimos»

Aunque el Ejecutivo ha anunciado que iniciará de inmediato el proceso para elegir a un nuevo fiscal general del Estado, la postura política continúa siendo firme:
« Respetamos la decisión del Supremo, pero no la compartimos », insisten fuentes de La Moncloa.

En paralelo, el Gobierno ha mostrado un mensaje de respaldo a García Ortiz por su etapa al frente de la Fiscalía:
« Reconocemos su labor en defensa de la ley y la verdad ».

Bolaños y Óscar López evitan un pronunciamiento abierto

Horas antes de que se conociera la condena, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños , manifestó su confianza en que «cualquier decisión será justa», recordando «el respeto máximo» del Ejecutivo hacia el Tribunal Supremo.

Por su parte, el ministro de Transformación Digital y líder del PSOE madrileño, Óscar López , evitó valorar el fallo:
« Me voy a morder la lengua », declaró, asegurando que debía leer la resolución completa antes de expresar una opinión.

Un proceso judicial rodeado de tensión política

La decisión del Supremo sigue marcando el clima político, especialmente por tratarse del fiscal general en activo. El fallo se ha impuesto pese a que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado defendieron su absolución y negaron la existencia de delito alguno, alegando además supuestas vulneraciones de derechos fundamentales.

El Gobierno, consciente de que la resolución abre un escenario institucional complejo, quiere actuar con rapidez para cerrar la crisis abierta en la Fiscalía General y evitar una prolongación del conflicto.

Indulto o amparo: las dos salidas de un caso de máximo impacto político

El Ejecutivo no esconde que pretende encontrar una fórmula para compensar lo que considera una condena «injusta» y «sin pruebas sólidas». El indulto, pese a sus plazos y obstáculos, se perfila como el camino preferente. El amparo ante el Constitucional, aunque posible, podría demorarse más de un año.