La imagen de agentes fiscales allanando la vivienda de Óscar Acuña, en Trujillo, y saliendo con las manos vacías es el retrato más nítido de un Estado que ha perdido el control incluso sobre quienes se mueven dentro de su propio circuito político. El Acuña prófugo, hermano del líder de APP, es hoy un “no habido” en una investigación que lo vincula a pagos irregulares de proveedores de Qali Warma.

Sin embargo, no es el único. Supuestamente, el Estado lleva más de dos años observando cómo Vladimir Cerrón evita a la justicia mientras sigue publicando en redes sociales con impunidad. La situación ha llegado a un punto en el que el ciudadano entiende que el aparato del Estado no solo es lento, sino al parecer selectivamente ciego.

La Policía Nacional del Perú (PNP) repite discursos sobre luch

See Full Page