Lima.- Un juez supremo de Perú ha emitido una orden de captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra la ex primera ministra Betssy Chávez. Actualmente, Chávez se encuentra asilada en la embajada de México en Lima, mientras enfrenta un juicio por su supuesta participación en el fallido intento de golpe de Estado del ex presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

La decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Checkley, quien argumentó que el riesgo de fuga de Chávez es "palpable". Este peligro se basa en su inasistencia a los controles biométricos y a las audiencias judiciales, según informaron medios locales. El juez revocó la medida anterior que le permitía comparecer con restricciones, citando un "evidente incumplimiento" de las condiciones impuestas.

El primer ministro peruano, Ernesto Álvarez, se pronunció antes de la resolución judicial, afirmando que Perú no tiene intención de irrumpir en la embajada de México para capturar a Chávez, en contraste con acciones similares de otros países. "Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino", aseguró Álvarez.

Chávez fue detenida en junio de 2023 y estuvo en prisión preventiva hasta septiembre, cuando fue liberada tras un fallo del Tribunal Constitucional que reconoció su detención como arbitraria. Recientemente, recibió asilo del Gobierno de México, que la acoge en la residencia del embajador.

El Gobierno peruano, bajo la presidencia de José Jerí, ha decidido romper relaciones diplomáticas con México tras la concesión de asilo a Chávez. Desde 2023, las relaciones ya estaban deterioradas, ya que México no reconoció la legitimidad de la presidencia de Dina Boluarte, quien asumió tras la destitución de Castillo.

Además, el Ejecutivo peruano ha pospuesto la emisión de un salvoconducto para que Chávez viaje a México, condicionándolo a consultas en la Organización de Estados Americanos (OEA). El Ministerio de Asuntos Exteriores de Perú sostiene que el asilo no debe ser utilizado para evadir la ley interna, y planea llevar el asunto a instancias internacionales para buscar apoyo regional y una resolución clara sobre el caso.