Este jueves, a pocos minutos de las dos de la tarde, se produjo un acontecimiento político de gran relevancia en España. El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Además, se le impone una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por daños morales.

Este fallo, que contó con el voto particular en contra de dos de los siete magistrados, representa un golpe significativo para el Gobierno y un impulso para el Partido Popular (PP) en su estrategia política. La condena ha sido interpretada como un “atropello” a la separación de poderes, especialmente para Díaz Ayuso, quien podría haber visto un efecto contrario si se hubiera producido una absolución.

La situación es compleja, ya que el Ejecutivo es el encargado de nombrar al fiscal general. Esto significa que García Ortiz deberá buscar un relevo, aunque este proceso no podrá llevarse a cabo hasta que se conozca la sentencia que justifique los cargos, la cual será analizada con gran atención debido a su importancia.

Félix Bolaños, ministro de Justicia, se pronunció brevemente en Moncloa, expresando su desolación. "El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir que no lo compartimos. Siempre hemos defendido la inocencia del fiscal general. Sin embargo, el Poder Judicial ha hablado", afirmó.

Óscar López, ministro y líder del PSOE en Madrid, también reaccionó a la condena. En un primer momento, se mostró cauteloso, pero más tarde, en un programa de radio, expresó su descontento: "El fiscal es inocente. He sentido mucha desolación, hartazgo, descreencia. Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué será lo siguiente, liberar a alguien con todas las pruebas?".

La condena se produce en un contexto complicado para el PP, que ha tenido una semana intensa, marcada por la detención y dimisión del presidente de la Diputación de Almería por presuntos delitos relacionados con contratos de mascarillas durante la pandemia. Además, se ha presentado un nuevo informe sobre Santos Cerdán, quien enfrenta un futuro judicial incierto, y se ha solicitado una pena de 24 años de cárcel para José Luis Ábalos.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, también se pronunció sobre la condena, afirmando que "Álvaro García Ortiz fue un peón en la estrategia política del Ejecutivo". Exigió la dimisión de Pedro Sánchez y un pedido de perdón a los españoles. Por su parte, Díaz Ayuso declaró: "Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España". La secuencia de eventos ha proporcionado al PP un discurso sólido en este contexto político tenso.