Esta semana se cumplieron cuarenta años de la toma del Palacio de Justicia. Cuatro décadas en las que la verdad no ha sido esclarecida y la reparación a las víctimas sigue siendo una deuda no saldada. Lo ocurrido el 6 y el 7 de noviembre de 1985 fue un ataque al orden institucional, planeado y ejecutado por el grupo terrorista y criminal del M-19 en una acción auspiciada y financiada por Pablo Escobar para evitar la extradición. Más de cien personas asesinadas, entre ellas once magistrados, archivos judiciales desaparecidos y la justicia hecha polvo entre los escombros.

Es a esta masacre a la que Petro se refiere como una “genialidad”. Con razón, el país ha reaccionado con indignación, pues entiende que no es otro el propósito de Petro que reescribir la historia, su historia, agrediendo a

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