Telefónica se enfrenta esta semana a una de las negociaciones laborales más significativas de los últimos años. Entre el lunes y el martes, la compañía revelará los detalles del expediente de regulación de empleo (ERE) que planea activar en siete de sus principales sociedades. Aunque no hay cifras oficiales, las estimaciones sindicales sugieren que el número de empleados afectados podría oscilar entre 6.000 y 7.000.

La empresa ha confirmado la activación del procedimiento y el calendario para comunicar los datos. El pasado 17 de noviembre, Telefónica notificó a los sindicatos UGT, CCOO y Sumados-Fetico sobre la apertura del ERE en varias de sus divisiones, incluyendo Telefónica de España, Telefónica Móviles y Movistar+. Los datos específicos para las tres primeras se darán a conocer este lunes, mientras que las cuatro restantes recibirán la propuesta el martes.

Este ajuste se enmarca dentro del plan estratégico presentado por Telefónica el 4 de noviembre, que busca un ahorro de costes de hasta 3.000 millones de euros para 2030, con 2.300 millones previstos para 2028. Aproximadamente el 75% de este ajuste se relaciona con gastos operativos, que incluyen los salarios. Emilio Gayo, consejero delegado de Telefónica, aseguró que cualquier medida que afecte al personal se llevará a cabo mediante diálogo con los representantes de los trabajadores.

El último ERE de Telefónica se ejecutó en enero de 2024, resultando en la salida de 3.420 empleados, aunque inicialmente se plantearon 5.124 bajas. Este proceso fue voluntario y superó la demanda, con 3.640 solicitudes para las plazas disponibles. El coste de este despido alcanzó aproximadamente 1.300 millones de euros antes de impuestos, con una media de 380.000 euros por trabajador, lo que generó un ahorro estimado de 285 millones de euros anuales.

Los sindicatos han expresado su oposición al anuncio del ERE. UGT ha solicitado que la empresa evite recurrir a la reducción de plantilla y exige que cualquier salida sea voluntaria. Además, piden que la negociación abarque todas las sociedades y que se establezcan convenios colectivos con vigencia mínima hasta 2030 para asegurar la estabilidad de los empleados que permanezcan en la empresa. CCOO respalda esta postura, mientras que Sumados-Fetico aboga por un ERE que sea “voluntario, universal y no discriminatorio”, con condiciones económicas similares a las del ajuste de 2024.

El Gobierno también ha manifestado su postura, enfatizando que “lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos”, según el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. El Ejecutivo tiene un interés significativo en la compañía, poseyendo un 10% de su capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Este anuncio del ERE se produce poco después de que Telefónica y los sindicatos firmaran un acuerdo para establecer un marco social común para todos los empleados, lo que añade un contexto relevante a las negociaciones que se avecinan.