Redacción /Sol Yucatán

El Gobierno de Yucatán instaló el llamado Comité del Subsistema de Transparencia. El nombre suena pomposo, pero la estructura nace hueca. No tiene declaración de principios, no tiene justificación técnica, no tiene marco rector visible y, para rematar, se adjudica funciones que le corresponden al instituto estatal de transparencia. Difícil arrancar peor.

El discurso oficial presume que este comité “fortalece el derecho ciudadano a saber” y “garantiza el manejo adecuado de datos personales”. Esas son palabras grandes. Lo mínimo que exige una afirmación así es el fundamento legal que la respalde. Aquí no lo hay. Y cuando una instancia empieza atribuyéndose responsabilidades que no le corresponden, la transparencia deja de ser un ejercicio jurídico para convertirs

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