La reciente decisión del Pentágono de investigar al senador demócrata Mark Kelly ha desatado un intenso debate sobre el uso del poder presidencial en Estados Unidos. Esta medida se produce tras el colapso de los casos penales contra el exjefe del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, lo que ha generado dudas sobre la competencia del Departamento de Justicia. Un juez dictaminó que la fiscal elegida por Trump fue nombrada ilegalmente, lo que ha llevado a la administración a actuar rápidamente.

El Pentágono ha anunciado una posible investigación y consejo de guerra contra Kelly, un héroe de guerra y astronauta de la NASA, debido a un video en el que él y otros legisladores demócratas afirmaron que los miembros de las Fuerzas Armadas no están obligados a obedecer órdenes ilegales. Esta declaración se produce en un contexto donde Trump ha acusado a Kelly y a otros de sedición, sugiriendo que sus acciones podrían ser castigadas severamente.

Trump ha dejado claro su deseo de utilizar el poder presidencial para perseguir a sus oponentes políticos, lo que se ha convertido en un pilar de su campaña para las elecciones de 2024. Sin embargo, el uso de las Fuerzas Armadas para atacar a un adversario político plantea serias preocupaciones sobre la libertad de expresión de los veteranos y el uso de instituciones gubernamentales como armas políticas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha tomado medidas drásticas, destituyendo a oficiales superiores y despidiendo asesores legales que cuestionaron la legalidad de las políticas de la administración. La posibilidad de que Kelly, un capitán de la Marina retirado, sea llamado de nuevo al servicio para enfrentar un consejo de guerra ha sido calificada como un acto sin precedentes en la historia militar moderna.

Paul Rieckhoff, fundador de Independent Veterans of America, expresó su preocupación: “Lo que Trump quiere decir es: ‘Si puedo ir tras él, puedo ir tras cualquiera’”. Esta situación podría sentar un peligroso precedente, permitiendo que cualquier miembro retirado de las Fuerzas Armadas sea perseguido por el Gobierno por críticas a la administración.

El video que ha generado esta controversia ha sido objeto de debate, con algunos argumentando que los legisladores demócratas estaban arrastrando a las Fuerzas Armadas a disputas políticas. Sin embargo, el video simplemente afirmaba que los militares deben negarse a cumplir órdenes ilegales, un principio fundamental del Código Uniforme de Justicia Militar.

La estrategia política de Trump es evidente. Con sus acciones contra Comey, James y ahora Kelly, está utilizando el poder del Ejecutivo para atacar a sus adversarios. Algunos republicanos defienden estas acciones, argumentando que son respuestas justas a lo que consideran una "guerra legal" por parte de los demócratas. Sin embargo, la legalidad de las órdenes militares y la naturaleza de las críticas a la administración siguen siendo temas de intenso debate.

Mark Kelly ha respondido a las amenazas de represalias, afirmando que no se dejará intimidar. En un comunicado, dijo: “He dado demasiado por este país como para ser silenciado por matones que se preocupan más por su propio poder que por proteger la Constitución”. A pesar de la improbabilidad de que se logre procesar a Kelly, el impacto de estas disputas legales puede ser significativo y perjudicial para aquellos involucrados.