Preocupación y molestia.

Tales son las sensaciones de los dirigentes de las organizaciones que impulsan, desde hace años pero con más fuerza desde enero de 2025, que el Estado aborde con claridad los graves impactos ambientales que ha generado la actividad minera en Alto Mañihuales. A pesar de los esfuerzos por convocar a un espacio en que participen todos los actores, el gobierno en Aysén liderado por el delegado presidencial regional, Jorge Díaz Guzmán, no sólo no ha asumido con fuerza el problema sino que ha puesto obstáculos para la entrega de información clave.

Esta situación ha sido refrendada por una reciente resolución del Consejo para la Transparencia (CPLT) que instruye a la autoridad entregar los antecedentes que se han esgrimido para no tomar el asunto con mayor fuerza. Se

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