La causa ha avanzado y tiene 15 imputados entre funcionarios, empresarios y lobistas, entre ellos el abogado y amigo de Milei, Diego Spagnuolo

La Justicia argentina avanza en la investigación de una presunta red de sobornos en el Gobierno de Javier Milei. Tres meses atrás, la filtración de unos audios del entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, desveló un caso de fraude en la compra pública de medicamentos para personas con discapacidad. Abogado y amigo personal del presidente ultraderechista, Spagnuolo es uno de los 15 imputados en relación a la trama que, según la Fiscalía, habría sustraído más de 48.000 millones de pesos (33.922 dólares) de las arcas públicas.

La causa que toca directamente al Gobierno se inició cuando salieron a la luz audios en los que Spagnuolo aseguraba que existía un circuito de sobornos alrededor de la compra de medicamentos con sobreprecios para personas con discapacidad, lo que derivó en su salida del cargo. En su largo dictamen, el fiscal Franco Picardi afirmó que detectó graves hechos de corrupción y una “organización delictiva, desplegada dentro de la ANDIS, en detrimento de la administración pública nacional y un grupo poblacional, especialmente vulnerabilizado”.

En el texto no hay mención alguna a los audios en los que Spagnuolo se quejaba de que se le pagaba el 3% de todo a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y que Discapacidad era manejado por Eduardo Lule Menem (subsecretario de Gestión Institucional) y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. “Yo firmo y ellos se la llevan”, se lamentaba el entonces funcionario. Se ve que el fiscal Picardi quiso demostrar que no necesita aquellos audios como prueba para evidenciar la corrupción en la ANDIS: la causa avanzó con allanamientos, declaración de testigos e imputados.

El abogado de Spagnuolo, Mauricio D'Alessandro, ha afirmado recientemente que esas grabaciones “fueron modificadas con Inteligencia Artificial”, aunque nunca desmintió que la voz no haya sido de su defendido. Y adelantó que enviará a los tribunales un peritaje propio sobre los audios. La semana pasada, su cliente desconoció ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Picardi un esquema de pagos de sobornos a funcionarios públicos por contratos con empresas farmacéuticas y proveedoras de insumos para la salud. El imputado se negó a responder preguntas.

En su dictamen, el fiscal no incluyó a la hermana del mandatario, pero según fuentes judiciales, podría haber una segunda resolución antes de fin de año en la que avance por esa línea de investigación.

El círculo se cierra

Entre los interrogados en los tribunales en los últimos días estuvo también Miguel Ángel Calvete, señalado como figura central del circuito de proveedores que abastecían a la ANDIS y fue descrito por Picardi como “el articulador de la organización ilícita”. Calvete está preso por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena en 2019.

En el allanamiento de la vivienda de Calvete se obtuvieron importantes registros de la maniobra, incluyendo cuadernos manuscritos con fechas, contactos, porcentajes de dinero y un papel con una lista de empresas con las que mantenía vínculos, entre ellas firmas proveedoras del organismo. La hija de Calvete, Ornella, tuvo que renunciar a una secretaría del Ministerio de Economía tras el hallazgo de 700.000 dólares en efectivo en su casa. También dimitió su pareja y subsecretario de Gestión Productiva, Javier Cardini, después de que su nombre apareciera en la causa en la ANDIS.

El fiscal cree que la trama de corrupción se implementó mediante la manipulación de los procesos de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), restringiendo la competencia e imponiendo un grupo fijo de proveedores que habrían concentrado las adjudicaciones millonarias, principalmente las droguerías Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma y Floresta.

El juez Casanello, en la resolución que ordenó la indagatoria de Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que “las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93% de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51% en implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados”.

La semana pasada fue detenido otro exfuncionario, Pablo Atchabahian, señalado por Picardi como “una pieza central de una estructura que operó decisiones administrativas, contrataciones y pagos direccionados desde fuera de la agencia de discapacidad”. El juez Casanello le impuso prisión domiciliaria en la provincia de Mendoza tras considerar que existía riesgo de fuga y capacidad de recursos para evadir la acción judicial. El imputado, que se desempeñó como director Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno conservador de Mauricio Macri, se negó a comparecer. Las audiencias continuarán hasta el 5 de diciembre, en las que serán citados a declarar exfuncionarios y personas vinculadas a los laboratorios implicados.

El Gobierno de Milei ha rechazado las acusaciones de corrupción, separó a Spagnuolo de su cargo, intervino la ANDIS y ordenó una auditoría interna en la agencia. Sin embargo, la investigación arroja luz en otras direcciones en las que los personajes involucrados se cruzan.

El fiscal Picardi sostiene que el dinero sustraído a la ANDIS se blanqueaba de dos maneras. Por un lado, a través de criptomonedas y una aplicación que se llama Neblockshain. Y, por el otro, comprando horas de vuelo a una empresa llamada Baires Fly, vinculada a Sergio Mastropietro. Picardi señala a este último como el operador financiero y persona de confianza de Calvete.

Mastropietro es el apellido que conecta los dos escándalos más importantes del Gobierno ultra: el del área de discapacidad y el del candidato con nexos con un empresario acusado de narcotráfico. Mastropietro, socio de Federico Fred Machado, recientemente extraditado a Estados Unidos, lo vinculó con José Luis Espert, candidato de Milei que renunció acusado por sospechas de financiación ilegal de su campaña en 2019.