Se ha presentado un habeas corpus preventivo para evitar que las fuerzas del orden ingresen a la embajada de México en Lima, donde se encuentra la exministra peruana Betssy Chávez. Esta medida legal fue solicitada por el abogado Jesús Barboza, quien argumenta que existe un riesgo real de que las autoridades intenten arrestar a Chávez, quien enfrenta una orden de prisión preventiva de cinco meses por su implicación en el fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022. La solicitud está dirigida contra el presidente José Jerí, el canciller Hugo de Zela y la magistrada Janet Tello. El habeas corpus busca proteger la inviolabilidad de la misión diplomática, amparándose en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el artículo 55 de la Constitución peruana. El recurso incluye seis peticiones principales. Entre ellas, se destaca que ninguna autoridad, incluyendo al presidente, la Policía Nacional, el Ministerio Público o el Poder Judicial, pueda ingresar por la fuerza a la embajada sin el consentimiento expreso de la misión. También se solicita que se prohíba cualquier acto material que intente ingresar, capturar o intervenir dentro de la embajada, incluso si existe un mandato judicial relacionado con Chávez. Además, el habeas corpus exige que se comunique de inmediato cualquier resolución sobre el caso a los ministerios pertinentes para asegurar su ejecución y supervisión. También se establece que los responsables de cualquier intervención deberán asumir los costos procesales establecidos por la ley. La controversia se intensificó tras declaraciones del presidente Jerí, quien inicialmente no descartó la posibilidad de ingresar a la embajada para ejecutar la orden judicial. Sin embargo, posteriormente, a través de su cuenta oficial en X, cambió su postura, afirmando que consultaría a su equipo ministerial antes de tomar cualquier acción. El canciller Hugo de Zela también ha negado que se esté considerando una intervención similar a la ocurrida en Quito, donde la policía ecuatoriana ingresó a la embajada mexicana. De Zela aseguró que "no está ni siquiera en consideración" una acción de este tipo en Perú. El primer ministro, Ernesto Álvarez, coincidió en que el Gobierno peruano se mantiene respetuoso del derecho internacional y que no se planea ninguna acción violenta contra la embajada. Afirmó que cualquier salida de Chávez de la misión requeriría una orden expresa de la Cancillería. La situación de Betssy Chávez sigue siendo un tema delicado en la política peruana, y el habeas corpus presentado busca garantizar la protección de la sede diplomática y de las personas que se encuentran en ella.