José Luis Ábalos , exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE , comparece hoy ante el Tribunal Supremo como posible primer diputado en activo que ingresaría en prisión. Lo hace tras una investigación que apunta a una trama de corrupción sistémica ligada a su etapa en el Gobierno. La Fiscalía Anticorrupción solicitará prisión provisional —incondicional o bajo fianza— por riesgo de fuga , al considerar acreditados delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, entre otros.

Una petición demoledora: 24 años de cárcel y la posible caída del exministro más cercano a Sánchez

La acusación de la Fiscalía es severa: 24 años de prisión por múltiples delitos asociados a la trama de contratación pública en pandemia, conocida como la trama de las mascarillas . Pero el caso va más allá. Se le atribuyen también irregularidades en el alquiler de viviendas a allegadas , la contratación de amistades en empresas públicas y su implicación directa en gestiones opacas como el rescate de Air Europa o la trama de hidrocarburos .

Junto a él, su exasesor Koldo García se enfrenta a una pena de 19 años y medio . Ambos son piezas clave en la investigación que ya ha sacudido los cimientos del Ejecutivo y del PSOE, generando un clima de descomposición interna y descrédito público.

Ábalos responde con fuego: amenazas veladas y presión al Gobierno

En vísperas de su posible ingreso en prisión, Ábalos ha adoptado una estrategia de presión: ha insinuado que posee información comprometedora y ha lanzado ataques directos contra Pedro Sánchez y Yolanda Díaz . Sin aportar pruebas, aludió a una supuesta reunión entre Sánchez y Arnaldo Otegi en 2018, organizada por Koldo. Además, acusó a Díaz de utilizar su vivienda ministerial para alojar a personas « sin derecho a ello ».

Estas afirmaciones no son inocentes: son advertencias . Mensajes lanzados desde la desesperación, dirigidos a quienes durante años fueron sus aliados. En el contexto actual, no se trata solo de autodefensa, sino de un ultimátum político encubierto .

El PSOE, ante un caso sin precedentes: corrupción institucional desde el Consejo de Ministros

Lo que hace este caso especialmente grave no es solo su volumen económico, sino el hecho de que los delitos se habrían cometido desde dentro del propio Gobierno . Según el Ministerio Público, Ábalos habría utilizado su cargo para amañar obra pública y colocar a personas de su entorno en puestos clave. Nunca antes en democracia un exministro en activo había estado tan cerca de ingresar en prisión por delitos de esta envergadura.

Además, fuentes jurídicas reconocen que no hay precedentes de que un diputado —aún con aforamiento— haya sido procesado por una trama estructural de corrupción mientras conserva su escaño. Ábalos, consciente de ello, ha intentado escudarse en su arraigo institucional como forma de evitar la prisión preventiva.

La debilidad política del PSOE ante el escándalo de su exnúmero tres

La dirección del PSOE ha intentado mantener distancia con Ábalos, reconociendo recientemente que se le entregaron 127.000 euros en metálico como «liquidaciones no siempre individualizadas». Sin embargo, el silencio sobre el resto de las acusaciones es ensordecedor. Ferraz teme un efecto dominó si el exministro decide tirar de la manta. Y de momento, sus declaraciones indican que no se siente obligado a guardar lealtad a nadie .

Con Ábalos acorralado judicialmente y Koldo confesando en entrevistas públicas, el PSOE afronta un escenario inédito de autoerosión institucional . Un partido que ya arrastra la carga del caso Koldo, la financiación opaca de las primarias y la judicialización de su cúpula, podría verse arrastrado aún más si se confirma el ingreso en prisión de quien fue su principal operador político en la era Sánchez.

Conclusión: cuando el poder se convierte en escudo, la justicia debe actuar sin dilación

La posición institucional de José Luis Ábalos no puede ser un escudo frente a la justicia. Si hay indicios sólidos de que utilizó su ministerio como plataforma para delinquir, la democracia exige consecuencias ejemplares . La presunción de inocencia no es impunidad, y la militancia en un partido no puede convertirse en cobertura para redes clientelares con dinero público . Si la corrupción entra por la puerta del Consejo de Ministros, el Estado de Derecho debe derribar esa puerta sin contemplaciones.