El PSOE de Cantabria ha activado la vía judicial contra la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, por haber denunciado lo que calificó como “corrupción de libro”: la obtención de dos plazas fijas en el Ayuntamiento de Cartes por parte del dirigente socialista Agustín Molleda y su hermana cuando él mismo era alcalde. Este jueves 27 de noviembre se celebra en Las Salesas el acto de conciliación previo a la querella por supuestas injurias y calumnias.

Qué ha ocurrido

El acto de conciliación entre Agustín Molleda —secretario de Organización del PSOE cántabro y exalcalde de Cartes— y María José Sáenz de Buruaga —presidenta del PP y del Gobierno de Cantabria — tendrá lugar este jueves a las 10.30 horas en la sede judicial de Las Salesas. El procedimiento responde a una demanda civil interpuesta por Molleda tras las declaraciones públicas de Buruaga, quien cuestionó la legalidad y ética del procedimiento por el cual él y su hermana fueron contratados como funcionarios del consistorio que él mismo dirigía.

El acto, que se celebra ante la letrada del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander, es obligatorio para poder interponer una querella criminal por presuntas injurias o calumnias. Si no hay acuerdo, el procedimiento podrá continuar por vía penal.

Qué dijo Buruaga y por qué

Durante su intervención pública, Buruaga fue clara: el proceso mediante el cual Molleda y su hermana obtuvieron plaza fija en el Ayuntamiento “es una corrupción de libro ”. Lo calificó de procedimiento “exprés”, políticamente “infumable” y jurídicamente “cuestionable”. Rechazó retractarse, asegurando que no ha hecho “otra cosa que llamar a las cosas por su nombre”.

Desde el Partido Popular , se interpreta este caso como una muestra de las prácticas clientelares del PSOE en los ayuntamientos , donde se consolidan redes de colocación familiar o política a través de procesos opacos. “Un alcalde no puede regalarse a sí mismo una plaza, ni a su hermana, sin levantar sospechas legítimas”, indican fuentes populares.

Qué busca el PSOE con esta querella

El PSOE ha preferido acudir a los tribunales en lugar de dar explicaciones públicas. Con esta demanda de conciliación, Molleda exige a Buruaga que se retracte o, de lo contrario, anuncia querella por injurias y calumnias . Sin embargo, fuentes jurídicas subrayan que no hay condena previa por parte de ningún tribunal, y que lo denunciado por la presidenta es un juicio político legítimo , amparado por la libertad de expresión.

“No se puede utilizar la Justicia para intimidar al adversario político”, sostienen desde el entorno del Gobierno de Cantabria . “Lo que tiene que hacer el PSOE es explicar cómo se tramitaron esas plazas, no atacar a quien denuncia una anomalía evidente”.

Comparativa con otros casos similares

El uso de procedimientos administrativos para consolidar cargos afines o familiares no es nuevo en Cantabria , ni exclusivo del municipio de Cartes. En legislaturas anteriores, el PRC y el PSOE han protagonizado procesos de consolidación de empleo interno que han despertado críticas desde la oposición por falta de concurrencia real o publicidad suficiente.

Sin embargo, es la primera vez que un alto cargo del PSOE regional intenta judicializar una acusación política directa por presunto enchufismo , lo que algunos analistas ven como una estrategia para victimizarse y desviar la atención del fondo del asunto: ¿cómo es posible que un alcalde y su hermana obtuvieran plaza fija en su propio ayuntamiento?

Impacto político en Cantabria

Este caso se produce en un contexto político en el que el Gobierno de Buruaga ha hecho de la regeneración institucional y la transparencia en el gasto público una prioridad. Las palabras de la presidenta han sido contundentes: “Lo que es legal puede no ser ético. Y en política, la ética importa tanto como la ley”.

La reacción del PSOE , sin argumentos técnicos ni administrativos, parece apostar por un conflicto judicial que, según observadores políticos, “solo desgasta más la credibilidad de quien debería aclarar los hechos, no ocultarlos”.

La corrupción hay que denunciarla

Si un político no puede denunciar públicamente lo que considera una corrupción sin ser arrastrado a los tribunales, estamos ante un deterioro grave de la democracia. El caso Molleda no puede ocultarse tras una demanda civil: exige respuestas institucionales, informes públicos y responsabilidad política.

El PP ha cumplido su deber al señalar lo inaceptable. Ahora el PSOE debe explicar si lo ocurrido en Cartes fue mérito o dedazo.

Gobernar no es gastar: es rendir cuentas.