El Departamento de Justicia de EE. UU. confirmó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, autorizó en marzo la deportación de más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador, a pesar de la orden de un juez federal que ordenaba el retorno de los vuelos a Estados Unidos. Esto fue revelado en un documento judicial el pasado martes, donde la administración también debía identificar a los funcionarios que no cumplieron con la orden del juez James Boasberg. Estos migrantes habían sido encarcelados en condiciones críticas en una prisión en El Salvador.

El 15 de marzo, el Gobierno de Trump autorizó la deportación, alegando que algunos de los migrantes estaban vinculados a bandas criminales, como el Tren de Aragua. Esta acción se sustentó en una ley de 1798, la de Enemigos Extranjeros,

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