Los días 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia, un grupo de civiles fue trasladado por las tropas del Ejército Nacional hasta la Casa del Florero, donde funcionaba un improvisado cuartel de operaciones comandado por el coronel Edilberto Sánchez Rubiano.

En el segundo piso de la edificación, fueron separados y calificados como “sospechosos” de haber colaborado con el M-19 para la toma guerrillera. Situación por la cual fueron sometidos a torturas y amenazas para que contaran la verdad y entregaran información sobre los subversivos que habían planeado el asalto armado.

Después de 40 años , la fiscalía primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia encontró méritos para llamar a juicio por el delito de tortura física, moral y psic

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