Un juez federal ha dictaminado que los oficiales de inmigración en Colorado solo pueden arrestar a personas sin una orden judicial si tienen motivos para creer que estas personas podrían huir. La decisión fue emitida el martes por el juez de distrito R. Brooke Jackson, en respuesta a una impugnación legal presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Colorado (ACLU) y otros abogados. La demanda representa a cuatro individuos, incluidos solicitantes de asilo, que fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sin orden judicial este año. Estos arrestos se enmarcan dentro del aumento de la aplicación de las leyes migratorias bajo la administración del expresidente Donald Trump. La ACLU acusa a los agentes de inmigración de realizar arrestos indiscriminados de latinos para cumplir con objetivos de la ley, sin evaluar adecuadamente los requisitos legales para llevar a cabo dichas detenciones. El juez Jackson subrayó que cada uno de los demandantes tenía vínculos sólidos con sus comunidades. Afirmó que "ningún oficial razonable podría haber concluido que era probable que huyeran" antes de obtener una orden de arresto. Según la ley federal, los agentes de inmigración deben tener causa probable para creer que una persona está en el país ilegalmente y que es probable que se fugue antes de proceder con un arresto sin orden judicial. Además, el juez indicó que los agentes deben documentar las razones de cada arresto. En respuesta, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, calificó la decisión de "activista" y defendió que el departamento cumple con la ley. McLaughlin afirmó que las acusaciones de que las fuerzas del orden del DHS utilizan "evaluación racial" son "repugnantes, imprudentes y categóricamente FALSAS". Este fallo se asemeja a uno emitido anteriormente en California, donde otro juez prohibió a los agentes de la Patrulla Fronteriza realizar detenciones basadas únicamente en la raza, idioma, trabajo o ubicación. La Corte Suprema levantó esa orden en septiembre. McLaughlin sugirió que el gobierno podría apelar la decisión en Colorado, señalando que "la Corte Suprema recientemente nos dio la razón en esta cuestión en otro caso" y expresó la esperanza de obtener más reivindicaciones en este caso.