La sentencia contra Betssy Chávez transformó por completo el panorama en los exteriores de la residencia de la Embajada de México en San Isidro, donde la excongresista permanece refugiada desde que obtuvo asilo político. La condena de once años, cinco meses y quince días por conspiración para la rebelión —relacionada con el fallido golpe del 7 de diciembre de 2022— motivó que la vigilancia policial pasara de un patrullero discreto a un cerco reforzado con dos vehículos, cuatro motocicletas y más de una docena de agentes.

El incremento del resguardo policial responde también a la orden de captura nacional e internacional dictada contra Chávez. Aunque el mandato no puede ejecutarse mientras continúe bajo protección diplomática mexicana, la nueva disposición judicial elevó el nivel de alerta

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