La dinámica política del Gobierno de Javier Milei ha alcanzado una estabilidad temporal, aunque se prevé que no será definitiva. Esta situación podría extenderse durante varios meses, ya que el corto plazo estará marcado por las discusiones en el Congreso. Las prioridades del Ejecutivo se centran en la aprobación de iniciativas clave como el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la Ley de Glaciares, y las reformas laboral y tributaria. "Todo el Gobierno va a tener que trabajar junto para poder sacar los proyectos ambiciosos que estamos proponiendo", afirmó una figura destacada de la Casa Rosada. A pesar de las tensiones internas en el círculo libertario, los miembros del Gobierno están incentivados a mantener la cohesión para evitar que los conflictos se hagan evidentes. Un dirigente libertario expresó: "Mejor aplazar el conflicto para más adelante". La percepción de que las sesiones extraordinarias del Congreso representan una paz provisional es compartida por varios integrantes del Gobierno. Se anticipa un reordenamiento interno una vez que se concluyan las discusiones sobre las reformas más relevantes. "Nadie quiere mover el avispero ahora y no ayudaría en nada eso. Pero hay asuntos pendientes que se van a resolver después de marzo. Mientras siga todo así, va a ser una olla a presión", comentó una fuente confiable. En este contexto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ha solicitado a varios miembros del Gabinete que no renuncien tras las elecciones de octubre. A pesar de que Mariano Cúneo Libarona había manifestado su intención de dimitir, los hermanos Milei le pidieron que se quedara hasta el primer trimestre del próximo año. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, ha asumido un papel protagónico en la gestión, mientras que el karinismo busca definir el próximo organigrama de esa cartera. A pesar de las promesas de nombramientos, la gestión libertaria ha enfrentado críticas por la escasa designación de jueces, con solo cuatro nombramientos en los últimos dos años. La falta de designaciones ha llevado a que las vacantes en el sistema judicial alcancen el 37%. El Gobierno justifica esta situación argumentando que la situación judicial de Cristina Kirchner y el año electoral han sido factores determinantes para posponer estas decisiones. La especulación política sobre los puestos clave en la Justicia es amplia, no solo en relación a la Corte Suprema, sino también en el contexto del nuevo Código Procesal Penal Federal, que otorga más poder a los fiscales. Esto hace que la figura del Procurador General adquiera una relevancia significativa en la estructura del Estado. Además, existen vacantes sensibles, como el Juzgado Federal 4 de Rosario, que tiene jurisdicción sobre puertos estratégicos.