Honduras se encuentra en la antesala de unas elecciones generales que se celebrarán el 30 de noviembre de 2025. Este proceso electoral es fundamental, ya que se elegirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo al presidente, diputados y alcaldes. Más de 6 millones de hondureños están habilitados para votar, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La situación política en Honduras es tensa. La desconfianza hacia el sistema electoral es palpable, alimentada por décadas de corrupción y debilidad institucional. Ariel Varela, líder del Movimiento de Indignados, ha expresado que "nuestra tolerancia a la corrupción debe terminar". Las elecciones están bajo la mirada internacional, especialmente tras el apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump al candidato conservador Nasry Asfura.

Los votantes deberán elegir entre cuatro candidatos a la presidencia: Rixi Moncada del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Salvador Nasralla del Partido Liberal de Honduras (PLH), Nasry Asfura del Partido Nacional de Honduras (PNH) y Nelson Ávila del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD). Las encuestas indican un empate técnico entre Nasralla, Moncada y Asfura, lo que refleja un electorado fragmentado.

El CNE ha habilitado una plataforma en línea para que los ciudadanos consulten su centro de votación ingresando su número de identidad. Este sistema busca facilitar el acceso a la información electoral y asegurar que los datos personales estén correctos. El CNE ha confirmado que el padrón electoral incluye a 6.522.577 personas, de las cuales 6.026.477 residen en el país y 496.307 están registradas en el extranjero.

Las elecciones no solo definirán al nuevo presidente, sino también a 128 diputados titulares y suplentes, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes y 2.168 regidores. El proceso electoral contará con un presupuesto de 1.492 millones de lempiras y se espera que todos los cargos electos asuman funciones el 25 de enero de 2026.

La campaña electoral ha estado marcada por acusaciones de fraude y corrupción. Los candidatos han intercambiado acusaciones y han denunciado tácticas de presión y compra de votos. La situación ha llevado a organismos internacionales como la OEA y la UE a exigir transparencia y un proceso electoral libre de manipulaciones.

A medida que se acerca la fecha de las elecciones, la incertidumbre persiste. Los votantes no solo se preguntan quién ganará, sino si el proceso será creíble. La legitimidad del sistema democrático en Honduras está bajo presión, y la confianza pública es un recurso escaso. Las elecciones del 30 de noviembre se presentan como un momento decisivo para el futuro del país, en un contexto de descontento social y demandas de cambio.