Argentina enfrenta dos fenómenos que, golpean la confianza ciudadana en las instituciones. Por un lado, la prisión domiciliaria concedida a exfuncionarios condenados por corrupción sistemática , que han saqueado el Estado y perjudicado a millones de ciudadanos. Por otro, la gestión de internos de alto riesgo —líderes de mafias, bandas criminales y grupos terroristas— que, incluso tras las rejas, continúan dirigiendo operaciones ilícitas , logrando la torsión del concepto de prisión al de verdaderos búnkers de mando en la lógica de la continuidad criminal desde el ámbito penitenciario.

En el caso de las personas privadas de la libertad, en el marco de causas judiciales por delitos vinculados a la corrupción sistémica en el ejercicio de sus funciones (públicas), no existe limite, ni exc

See Full Page