El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) una "acción inmediata" en respuesta a las crecientes violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esta demanda se centra en la ejecución de órdenes de arresto para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, figuras clave del régimen chavista. La solicitud se produce en un contexto de creciente tensión entre el régimen venezolano y la administración de Donald Trump, que ha desplegado buques de guerra frente a las costas de Venezuela y exige la salida de sus líderes, acusándolos de terrorismo y narcotráfico.

El embajador argentino ante la CPI, Diego Emilio Sadofschi, presentó esta postura durante la apertura de la conferencia anual del tribunal en La Haya. En su intervención, Sadofschi destacó que la situación en Venezuela ha empeorado tras las elecciones fraudulentas de julio de 2024, lo que, según él, requiere atención urgente. "Desde que la oficina del fiscal de la CPI concluyó el examen preliminar sobre Venezuela en noviembre de 2021, ha habido pocos avances", afirmó.

El embajador denunció las "detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad" perpetrados por el régimen venezolano, instando a la CPI a llevar a cabo investigaciones rigurosas y rápidas, así como a emitir órdenes de arresto contra los responsables. Sadofschi también aclaró que la decisión de Argentina de no bloquear el consenso en la asamblea no debe interpretarse como un gesto hacia Venezuela, sino como un compromiso con la CPI y su labor.

"La Argentina es y ha sido siempre comprensiva ante las dificultades financieras de los Estados partes de esta asamblea, pero no puede ignorar la realidad de los crímenes que se cometen en ese país", enfatizó Sadofschi. La delegación argentina subrayó la necesidad de que la comunidad internacional acelere los mecanismos para ejecutar las órdenes de arresto y no retrase la definición de responsabilidades por crímenes de lesa humanidad.

El embajador concluyó su intervención reafirmando que Argentina considera prioritario avanzar en la investigación y adoptar medidas concretas para poner fin a la impunidad de los máximos responsables del régimen en Venezuela. La postura argentina provocó la reacción del representante permanente adjunto del régimen chavista en La Haya, Héctor Constant Rosales, quien también participó en la conferencia.