Este lunes 1.º de diciembre, la Fiscalía General de Colombia ha imputado a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta implicación en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los delitos que se les atribuyen incluyen interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y cohecho.

La fiscal delegada ante la Corte Suprema ha indicado que desde mayo de 2023, Bonilla dio instrucciones para direccionar contratos que estaban bajo la gestión de la UNGRD y el Instituto Nacional de Vías (Invías). El objetivo era beneficiar a un grupo de congresistas que ya habían recibido el aval para adjudicarse cupos indicativos, a cambio de su apoyo a los proyectos del Gobierno de Gustavo Petro.

Las reuniones donde se discutieron estos contratos se llevaron a cabo en el Ministerio de Hacienda, en el centro de Bogotá, y contaron con la participación de Velasco. La fiscal del caso ha declarado que el propósito era "comprar congresistas a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario, a cambio de apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno".

La imputación se basa en las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien estuvo presente en varias de las reuniones y recibió órdenes directas de Bonilla. Según la fiscal, Bonilla solicitó a Olmedo López tramitar proyectos contractuales en la UNGRD que interesaban ilícitamente a varios congresistas.

"Desde mayo de 2023 hasta mediados de 2024, ustedes se concertaron entre sí con personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública", afirmó la fiscal. Se ha mencionado la existencia de un "pacto criminal" que involucraba a senadores y representantes, quienes recibirían contratos a cambio de su apoyo en el Congreso.

La imputación detalla que entre mayo de 2023 y octubre de 2024, se direccionaron 74 contratos en Invías por un valor de 571.000 millones de pesos y cinco proyectos en la UNGRD por 40.500 millones de pesos, sumando un total de 612.000 millones de pesos. De estos, se concretaron siete proyectos.

Los exministros, junto con el entonces director de la UNGRD, Olmedo de Jesús López, y el exdirector Sneyder Pinilla, son acusados de haber coordinado reuniones y supervisado gestiones ilícitas para cumplir con los compromisos adquiridos con los congresistas. La Fiscalía General también ha anunciado que solicitará medidas restrictivas de libertad contra Bonilla y Velasco por estos hechos.