El canciller peruano, Hugo de Zela, viajó este martes a Washington D. C. para presentar la posición de Perú sobre la Convención de Caracas ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este evento se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre y se enmarca en las recientes acciones del Gobierno peruano relacionadas con el asilo diplomático de la exprimera ministra Betssy Chávez, quien fue condenada a 11 años de prisión por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú comunicó que el objetivo de De Zela es "buscar consensos entre los Estados miembros para defender la esencia y el propósito original del asilo diplomático". En este sentido, el canciller planea explicar por qué considera que la Convención de Asilo de 1954 se está aplicando de manera incorrecta. "Esta convención se originó para proteger a perseguidos políticos y hoy en día se está utilizando para proteger a políticos que han cometido delitos comunes", afirmó De Zela en declaraciones a la prensa.

El canciller también se pronunció sobre la situación de Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima. De Zela aseguró que la reciente sentencia no cambia su estatus como solicitante de asilo. "La situación sigue exactamente igual en el sentido de que ella es una solicitante de asilo en la Embajada de México y nosotros tenemos una posición adoptada públicamente sobre el tema", declaró.

Además, el ministro recalcó que el Estado peruano está realizando consultas con otros países miembros de la OEA para aclarar el uso de la Convención de Caracas de 1954 antes de definir el salvoconducto para Chávez. De Zela ya había anunciado su intención de presentar formalmente el planteamiento peruano ante la OEA el 9 de noviembre.

En una entrevista en el programa dominical Punto Final, el canciller explicó que la convención fue diseñada para proteger a los perseguidos políticos en un contexto de inestabilidad. Sin embargo, la Cancillería peruana sostiene que en años recientes ha habido una "tergiversación de la utilización de la convención", usándose para proteger a personas que han cometido delitos comunes.

De Zela enfatizó que la decisión del Perú es consultar a otros signatarios sobre la posibilidad de corregir la convención para que vuelva a ser una protección para los perseguidos políticos. "Actualmente, el Perú busca generar en América Latina un consenso para hacer lo correcto", concluyó el canciller. El planteamiento formal se realizará en el marco de la OEA, donde la Convención de Caracas está bajo su estructura.