La Mesa Directiva del Congreso de la República ha decidido, por unanimidad, suspender el pago de viáticos, pasajes y otras asignaciones económicas a los legisladores y sus asesores durante las semanas de representación de enero a marzo de 2026. Esta medida se implementa en el contexto de la campaña electoral que se llevará a cabo en esos meses.

Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, anunció que "estos gastos ya no serán pagados ni a los congresistas ni a sus asesores". La decisión busca evitar críticas sobre el uso indebido de recursos públicos en un periodo electoral sensible. Rospigliosi enfatizó que "los congresistas tienen que seguir cumpliendo con su trabajo, pero sin ninguna de estas asignaciones ni viáticos".

La medida se considera "indispensable" para proteger los recursos públicos durante la campaña electoral. Rospigliosi destacó que esta decisión, tomada por unanimidad, es crucial para prevenir cuestionamientos sobre el uso de fondos estatales en un momento tan importante para el país.

Se estima que el Congreso gastó más de S/ 6 millones en viáticos durante las semanas de representación entre enero de 2024 y julio de 2025, según un informe de Cuarto Poder. La propuesta de suspender estos pagos surge tras recientes críticas sobre la transparencia y el desempeño de los congresistas y sus asesores.

Además, se han presentado controversias sobre la relación entre recursos estatales y actividades proselitistas. Recientemente, una investigación reveló que algunos asesores participaron en actividades políticas durante su horario laboral, lo que ha generado un debate interno sobre la fiscalización en la administración de recursos humanos del Parlamento.

Por otro lado, el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo ha señalado que Rospigliosi incumplió funciones de control al permitir el uso de una cámara institucional del Congreso en un evento partidario. Este caso ha sido derivado a la Contraloría General y al Ministerio Público para futuras investigaciones. Rospigliosi ha apelado esta decisión, argumentando que no hubo un acto concreto que favoreciera a una agrupación política, sino solo una presunta omisión. El Jurado Nacional de Elecciones admitió la apelación, y su resolución podría conllevar sanciones administrativas o acciones penales, dependiendo del avance de las investigaciones.