Durante una sesión extraordinaria del Consejo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, presentó la postura de su país sobre la Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo diplomático. De Zela enfatizó la necesidad de proteger la esencia de este derecho y evitar su uso para la impunidad.

El canciller advirtió sobre una "evolución negativa" en la aplicación del asilo en la región, señalando que se han tomado decisiones basadas en "información distorsionada por sesgos ideológicos". Esta situación, según él, es incoherente con el espíritu de la Convención. De Zela subrayó que la propuesta de Perú busca reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y se alinea con la legislación nacional, que prohíbe otorgar asilo a personas procesadas o condenadas por delitos comunes.

La intervención de De Zela se produjo en el contexto del asilo diplomático otorgado por México a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, aunque el canciller aclaró que la posición de Perú no se basa en un caso específico. Propuso que se establezcan lineamientos claros y se garantice la transparencia en la aplicación del artículo IX de la Convención de Caracas. Esto implica que el Estado que otorga asilo debe considerar la información del país donde se encuentra el solicitante para evaluar la naturaleza del delito.

Además, el gobierno peruano consultará al Comité Jurídico Interamericano (CJI) para realizar un estudio técnico-jurídico sobre la interpretación del Artículo IX. Este análisis permitirá que las decisiones de asilo se fundamenten en información oficial y no solo en criterios subjetivos.

Representantes de otros países también expresaron sus opiniones durante la sesión. Ecuador mostró su preocupación por la aplicación del asilo diplomático, mientras que Estados Unidos sugirió la creación de mecanismos responsables para evitar que las embajadas se conviertan en refugios. Asimismo, rechazaron cualquier violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

Argentina recordó que el asilo no es un recurso abierto, sino que debe basarse en situaciones reales de peligro. El representante argentino destacó que el Estado asilante debe verificar los requisitos antes de aceptar el refugio y que el país donde se encuentra la embajada puede solicitar la expulsión del asilado, lo que requeriría un salvoconducto.

La discusión sobre el asilo diplomático en la OEA refleja la complejidad de la situación política en la región y la necesidad de establecer criterios claros para su aplicación.